El gobierno argentino enviará un proyecto de ley para aplicar cambios en las políticas migratorias con endurecimiento de controles a delincuentes foráneos y cobro de arancel en servicios públicos.
“Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes. Pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos”. Así, sin mucho preámbulo, el presidente argentino Javier Milei anunció en la última Asamblea Legislativa, que dio inicio a las sesiones ordinarias en el Congreso, el envío de un proyecto para reformar y endurecer la política migratoria.
En el capítulo de su discurso referido a la justicia, el mandatario sintetizó que “si queremos ser un país serio, también debemos llevar adelante una reforma migratoria”, una situación que había sido anticipada tiempo atrás por el vocero oficial Manuel Adorni al mencionar que “los malandras, los okupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”.
Bajar la delincuencia de la población extranjera: el lugar que ocupan los chilenos
Con cambios a la Ley de Migraciones N° 25.871, el proyecto de ley, que pronto enviará el Poder Ejecutivo al Congreso, fijará nuevos parámetros para obtener la residencia de los extranjeros en Argentina y sumar más requisitos para acceder a la ciudadanía. Actualmente, es suficiente con tener dos años de residencia ininterrumpida, una justificación de empleo y un certificado sin antecedentes penales.
Según el censo 2022 (último disponible), el 4,2% (1.933.463 personas de la población) son ciudadanos extranjeros que residen en viviendas particulares en la Argentina. A la cabeza figuran como país de origen Paraguay (27%), Bolivia (17,5%) y Venezuela (8,4%). Chile ocupa el quinto lugar (7,7%) tras Perú (8,1%).
En cuanto a población carcelaria foránea en Argentina, el principal incremento se dio entre los chilenos, una cifra que subió entre 2019 y 2022 hasta un 33% en la provincia de Buenos Aires y 6,5% a nivel nacional en los últimos tres años, según las cifras aportadas por el informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (Sneep).
En los últimos tiempos, fue mediático el caso de un chileno fue deportado de Argentina por robar celulares, que se sumó a ocho personas ya condenadas por desmanes callejeros durante un partido entre los clubes Godoy Cruz y Colo Colo en Mendoza y otro hombre echado del país por abuso sexual de una mujer.
En cuanto a la delincuencia, Milei sigue el discurso aplicado por Donald Trump en Estados Unidos. Para evitar el “colador”, el gobierno trasandino hará énfasis en los controles en las fronteras con Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay para impedir el ingreso de extranjeros de manera ilegal y que se disminuyan delitos como el narcotráfico o el contrabando.
Deportados serán, además, aquellos que intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que manifestaron al hacer el trámite migratorio. “Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, o sea se lo atrapa cometiendo el delito, o si se lo detiene por violentar el sistema democrático, atacando las instituciones, por ejemplo, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, dijo el vocero presidencial Adorni.
Milei quiere aranceles en salud y educación en toda Argentina
Otro punto es el arancelamiento de la salud pública y la educación universitaria a extranjeros no residentes en Argentina. Tal como reportó BioBioChile, el proyecto de Milei busca extender a nivel nacional medidas aplicadas por los gobernadores de las provincias de Mendoza, Salta, Jujuy y Santa Cruz.
En el vecino país empezó a hablarse de un “turismo sanitario” de extranjeros en los efectores tanto públicos como privados, que alcanzó su máximo atractivo en 2023 por los precios “regalados” en cirugías y terapias de alta calidad debido a la brecha cambiaria.
Actualmente, la crítica apunta a que no existe reciprocidad con Chile, por ejemplo, si un argentino va a atenderse por una urgencia médica. En cambio, si una persona extranjera viaja a Argentina, puede acceder al sistema gratis sin problema, generando un costo al Estado solventado por los contribuyentes locales.
“Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar por los servicios que utilizan. Y vamos a endurecer las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen”, aseguró el presidente Milei en su discurso ante los legisladores.
Por último, el gobierno argentino avanzará de manera formal con el cobro a los estudiantes extranjeros no residentes en las universidades públicas, algo que agita hace varios meses en distintos anuncios mediáticos. Como una fuente alternativa de financiamiento, se daría libertad a cada casa de estudios para aplicar el arancel que consideren.
“Debemos permitir a las universidades cobrarles a quienes no son residentes permanentes. Es lo que hace cualquier país que se hace valer. Y si esto necesita algún tipo de justificación, es porque a lo largo del último siglo se ha vuelto costumbre la falta de respeto al pagador de impuestos”, expresó Milei.
De acuerdo con la estadística oficial, el informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022-2023, elaborado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación, señala que unos 2.720.531 estudiantes realizaban estudios de pregrado, grado o posgrado en las universidades nacionales de Argentina, de los cuales solamente 122.769 eran extranjeros. Representaban entonces el 4,1% del cupo de pregrado y grado, y 9,9% del nivel de posgrado.
Curiosamente, la participación foránea era mayor en las universidades privadas: 5,5% versus el 4,3% de la matrícula del sector estatal.
A pesar de que cuestiones como el arancelamiento universitario tendrán férrea resistencia entre la oposición, en el gobierno libertario están confiados en el efecto “rebote” de la discusión.
Si no se aprueba con el consenso legislativo, en la administración de Milei le pueden atribuir el fracaso a la denostada “casta política”. Y tal como sucedió con la designación de los nuevos ministros de la Corte Suprema o el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), apelará sin problema a la firma del presidente mediante un decreto.
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