El presidente argentino impulsa un proyecto para modificar el régimen penal, ya que dice hoy “los delincuentes son tratados como las víctimas".
El presidente argentino Javier Milei anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para bajar de 16 a 13 años la edad mínima de los menores que sean sometidos a un proceso penal. En caso de ser hallados culpables por un delito grave, podrían terminar encarcelados por hasta 20 años.
“Delito de adulto, pena de adulto” es la frase con la que el gobierno libertario de Milei impulsa la medida para modificar el régimen penal para los niños y adolescentes, que ya había sido prometida en la plataforma electoral de La Libertad Avanza como parte de las reformas de seguridad.
El texto todavía no llegó al Congreso, pero sí trascendieron los puntos principales de la iniciativa. Con la baja de imputabilidad a los 13 años, se prevé una pena máxima de hasta 20 años para aquellos condenados por la Justicia, una regla aplicable incluso si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
De acuerdo con el proyecto, los jóvenes de entre 13 y 18 “privados de la libertad” quedarán alojados en establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios.
“Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la presentación.
En un comunicado oficial, el gobierno argentino justificó los cambios al apuntar a las consecuencias “de años de zaffaronismo”, en referencia a la doctrina del exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien se desempeñó entre 2003 y 2014 durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
El propio Milei expresó en el último debate presidencial de 2023: “Cambió el rol entre la víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como las víctimas”.
Además, desde la Casa Rosada señalaron el “desastre educativo” y la “mentira del Estado presente” -una chicana en contra de una de las marcas de gestión del kirchnerismo- que “sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas, el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados”.
“El que las hace, las paga”: voces a favor y en contra en Argentina
En diálogo con el canal de noticias TN, Milei se refirió al proyecto, fiel a su contundente estilo. “Delito de adulto, pena de adulto. El que las hace, las paga. Si (el menor) tiene conciencia como para cometer un delito de adulto, ¿por qué no va a pagar como adulto?”.
Aportó entonces que “la gente responde a los incentivos. Si vos les hacés menos rentable el delito, delinquen menos, y en eso estamos trabajando muy activamente y está funcionando. En Rosario cayeron los delitos cerca de un 70%”, sumando el ejemplo de la populosa ciudad de la provincia de Santa Fe afectada por las guerras entre bandas narcos.
En Chile, existe la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N° 20.084 que establece desde 2005 un sistema de justicia penal especial para jóvenes de entre los 14 y 17 años. Otros países de América Latina, como Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela, sostienen también los 14 como edad mínima para penar el delito. Argentina mantiene hoy el límite en 16 con tratamiento especializado, al igual que lo hace el socialismo en Cuba.
Por su parte, el ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, recordó que el artículo 34 del Código Penal trasandino aclara que “no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones” y manifestó que “en 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy”, ya que “hoy tiene conciencia, sabe, actúa con dolo, tiene intención”.
“¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? Que es inimputable, que queda en libertad. No hay límites”, planteó. En cifras, el funcionario informó un “incremento del 20% de un año a otro” en cuanto a delitos cometidos por adolescentes de 13 años.
En concreto, el proyecto de Milei propone que si la Justicia impone una condena condicional “se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.
Cuando la condena sea de entre tres y seis años de prisión, y siempre que no haya muerte o grave violencia, la pena podrá reemplazarse por la prohibición de salir del país y de aproximarse a la víctima o familiares, entre otras sanciones.
En la otra vereda, sectores de derechos humanos y de la izquierda expresaron su rechazo al proyecto del oficialismo. De hecho, la vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) señaló al diario Página/12 que “tiene que ver con una ideología profundamente conservadora que recurre a la salida más fácil que es la mano dura, además de colocar al sector más vulnerable de la población como el hilo más delgado de una cadena de pobreza y marginación”.
Y agregó a modo de ejemplo: “En la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo 86 víctimas de homicidios dolosos y 131 victimarios. De ese total de victimarios, sólo uno era menor de 16 años, y seis tenían 16 ó 17”.
