La ministra de Seguridad de Javier Milei y ex candidata presidencial, Patricia Bullrich, aseguró en medio de una importante sesión del Congreso argentino que "gran parte de la droga" que llega al país "proviene desde Chile".
Polémicas fueron las afirmaciones que la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, declaró este pasado 13 de enero durante una sesión en el Congreso de nuestro país vecino, donde aseveró que gran parte de la droga que llega al país proviene desde Chile.
Así fue como lo sostuvo la excandidata presidencial en una sesión llena ante el Congreso argentino, donde se abordó entre tantos temas la situación fronteriza de Argentina.
“Tenemos que avanzar en la coordinación con Chile, porque Chile tiene una situación de seguridad y de narcotráfico mucho peor de la que tenía hace unos años”, aseguró.
“Conocemos perfectamente la frontera, ya hemos puesto en pocos días en marcha todas las cámaras que estaban apagadas. Si quieren les muestro en mi teléfono, como podemos mirar hoy todos los pasos, hemos trabajado ya un movimiento de presión sobre las fronteras”, agregó la ministra de Milei.
“Nuestro objetivo es trabajar, tenemos un núcleo que lo llamamos GOC que es un grupo de operaciones especiales trabajando en todo lo que es la frontera, en el comercio ilegal, en la trata de personas”, añadió.
“(Chile) Tiene un problema muy serio, así que tenemos que coordinar con ellos, porque gran parte hoy de la droga que entra a Argentina entra por Chile, así que vamos a tener una política distinta en las fronteras con Chile, que son fronteras controlables”, insistió Bullrich.
Sus declaraciones llegan en un momento en el que en Argentina se están “cambiando las reglas del juego” y se están endureciendo considerablemente las penas para quienes atenten contra la seguridad del país.
Recordemos que Bullrich planteó cambios en la legítima defensa y el endurecimiento de penas para quienes participen en piquetes con la denominada ‘ley ómnibus’.
Se trata de un endurecimiento de las penas, que incluirán prisión, tanto para manifestantes como para organizadores de piquetes (barricadas o cortes de calles).
Esto, además de requerir que las protestas se notifiquen con 48 horas de anterioridad al Ministerio de Seguridad, que podrá oponerse a la celebración de la manifestación.
