Esta alianza cívico-militar preocupa a defensores de víctimas como Vidulfo Rosales, abogado de familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, cuya desaparición forzada en septiembre de 2014 constituye uno de los crímenes más atroces de la historia mexicana reciente.
El Congreso de México vota este miércoles una ley que prolonga la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028, en medio de los conocidos “Guacamaya Leaks”.
Se trata de una iniciativa que preocupa a víctimas de excesos castrenses como las del emblemático caso Ayotzinapa, que involucra a algunos militares.
La reforma constitucional ocurre en pleno escándalo por esta enorme filtración de información militar clasificada perpetrada por el grupo de piratas informáticos Guacamaya.
En México, donde el volumen de filtraciones es de los más altos, ha detonado una avalancha de denuncias periodísticas que desvelan la influencia de los militares en la actual administración.
La nueva ley consolida el protagonismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha otorgado a las fuerzas armadas.
Esto, confiándoles la seguridad pública pero también labores como la construcción de multimillonarias obras de infraestructura.
El Ejército “está dejando sentir su poder, ante el cual la autoridad civil está sucumbiendo, y máxime el presidente hoy en día que tiene acuerdos estratégicos con las fuerzas armadas”, declaró.
Efecto de los “Guacamaya Leaks”
Investigaciones periodísticas surgidas a partir del jaqueo denuncian que la Sedena habría espiado a opositores al gobierno.
Esto, mientras que una carta filtrada muestra que su titular, el general Luis Cresencio Sandoval, abogó ante López Obrador por uno de los oficiales vinculados con Ayotzinapa.
Otros documentos indican que el Ejército habría elaborado las propuestas de reforma constitucional que acabaron convertidas en una ley que el Congreso aprobó en septiembre.
Además, le otorgaron el control de la Guardia Nacional, corporación que el presidente creó para asumir la seguridad pública prometiendo que tendría mando civil.
Las filtraciones prueban además que López Obrador aceptó una propuesta de los uniformados para crear una aerolínea comercial y administrar algunos aeropuertos, una información que el mandatario confirmó.
Pese a las alertas, Rosales reconoce que es difícil confrontar a López Obrador pues mantiene “legitimidad y un grado alto de aprobación” popular, alrededor del 60%, según diversas encuestas.
Por ello, cree que la impunidad de los militares persistirá avalada por el presidente.
“Creemos que [López Obrador] ya ha cambiado la posición, que ya no hay un compromiso, ya no va a haber más en el caso Ayotzinapa”, concluye.
