La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia decidió imputar este martes a diez miembros del Ejército nacional y a un civil por las ejecuciones de civiles conocidas como “falsos positivos”.
Esto, por el caso en el que este tribunal nacido del acuerdo de paz investiga hasta 6.402 asesinatos.
“La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales. Se suma un tercero civil por ‘falsos positivos’ en el Catatumbo”, explicó la magistrada Catalina Díaz Gómez.
Este es el primero de “por lo menos seis autos” que la JEP emitirá dentro de la fase de investigación de este macrocaso.
Lo anterior, por la muerte de al menos 6.402 personas, sobre todo durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), a manos de miembros del Ejército.
La sala consideró que estos hechos “no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de contar cuerpos y sin la estigmatización de la población civil”.
Al menos 120 crímenes
A los imputados se les acusa por su “participación determinante en el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, Norte de Santander, presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008 y así aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar”, además de otras 24 desapariciones forzadas.
Entre los once imputados se encuentra el brigadier general Paulino Coronado Gámez, que fue el comandante de la Brigada 30.
Además de dos coroneles, Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, quienes fueron comandantes de la Brigada Bóvil No. 15.
“Para la JEP, la evidencia indica que estos 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada”, asegura este primer auto del caso.
El brigadier general Coronado Gámez es parte del grupo de militares destituidos por los casos de “falsos positivos” en Soacha.
De los 120 asesinatos, 73 ya estaban en investigación ordinaria en 39 procesos judiciales, de los cuales solo ocho llegaron a juicio.
“La JEP continuará indagando la eventual participación de niveles superiores por participación u omisión”, sentenció la magistrada Díaz Gómez.
¿Qué viene ahora?
La JEP da 30 días hábiles a estos militares para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos. En tal caso, “podrán ser condenados hasta con 20 años de cárcel”.
En caso de que los acusados reconozcan su responsabilidad se impondrán sanciones especiales que no conllevan prisión. Por el contrario, se buscan limitaciones a derechos como la libertad de residencia y movimiento.
Este es el primero que sale del caso 03 de los “falsos positivos”. Fue renombrado como “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.
A la fecha hay acreditadas 1.043 víctimas, de las cuales 658 son mujeres y se mantienen alrededor de 1.500 militares involucrados.
El pasado febrero, la JEP elevó a 6.402 las personas que “fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”.
