La Policía de Bolivia ha levantado más de 400 cadáveres en calles y viviendas. Mientras los hospitales y cementerios están saturados, el Senado aprueba una ley que permite el tratamiento de COVID-19 con dióxido de cloro.
Ante la creciente amenaza de COVID-19, en las últimas semanas, la Policía boliviana se ha visto enfrentada a la dura tarea de levantar cadáveres en calles y viviendas y certificar los decesos por el nuevo coronavirus. Tan solo entre el 15 y 20 de julio, los agentes de seguridad recogieron más de 400 cadáveres en varias ciudades del país sudamericano. En más del 80% de los casos se determinó como causa de muerte una infección con SARS-CoV-2.
“Muchos cementerios no quieren recibir muertos por COVID-19, y los que sí los reciben están saturados”, dice a DW Jan Souverein, director de la Fundación Friedrich Ebert en Bolivia, y agrega que lo mismo aplica para los crematorios. “Eso genera una situación de miedo, que se mezcla con desinformación y, en algunos casos, ignorancia entre la población, por lo cual mucha gente no ve otra opción que sacar los muertos a la calle”.
Auge de tratamientos alternativos
El oncólogo boliviano Fernando Patiño Sarcinello, experto en el tema del coronavirus en el país andino, señala que, además, mucha gente con sospecha de cuadro de COVID-19 no ha podido recibir atención médica: “Tanto los hospitales públicos como privados están saturados, ya no pueden recibir ni a un paciente, entonces muchas personas han preferido quedarse en casa esperando que se mejoren”.
En entrevista con DW, explica que la situación se ha complicado porque en Bolivia se han difundido mucho los tratamientos alternativos “que no tienen beneficios, pero que se han vuelto muy populares, como el dióxido de cloro. La gente se está haciendo tratamiento sin orientación médica y, por eso, mucha gente muere en su casa”.
Un gobierno “inexperto”
Hasta la fecha, se han registrado más de 60.000 infectados y más de 2.200 muertos en el país sudamericano con 11 millones de habitantes. Desde el levantamiento de la cuarentena rígida a principios de junio, la curva de contagios asciende aceleradamente. La ciudad de La Paz, donde se han disparado los números de infecciones, podría convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia a nivel nacional, superando los casos de contagio en Santa Cruz, la ciudad más golpeada por el coronavirus.
A la misma presidenta interina Jeanine Áñez y a siete de sus ocho ministros –entre ellos el titular de Salud– se les ha diagnosticado COVID-19. “La situación en el país es muy grave”, dice Patiño Sarcinello, que critica “graves deficiencias en la respuesta” de las autoridades, como escándalos de corrupción, y, en general, una falta de experiencia en el manejo de la crisis sanitaria.
En opinión de Jan Soverein, hay una falta de coordinación en varios niveles: entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales, así como con la oposición política y otros sectores sociales. “Eso crea muchas ineficiencias en la gestión de la crisis”, dice.
Senado aprueba uso de dióxido de cloro
El director de la Fundación Friedrich Ebert en Bolivia hace hincapié en el impacto que ha tenido la crisis política, por la que atraviesa el país, sobre el manejo de la pandemia. El entrevistado explica que la rivalidad entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que han activado el modo campaña electoral, ha culminado, entre otras cosas, en la aprobación de un proyecto de ley que autoriza la elaboración, venta y el uso del dióxido de cloro en pacientes con COVID-19.
El Senado boliviano, dominado por el partido opositor MAS, dio luz verde a la controvertida ley, que aún deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados, donde el partido del expresidente Evo Morales también tiene la mayoría.
Para Souverein, el proyecto, que legitimaría el uso del blanqueador y desinfectante como medicina, es una “inmensa irresponsabilidad”. Ya en abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) había advertido que no existe ninguna evidencia científica que apoye la seguridad o eficacia del dióxido de cloro. Su consumo incluso podría presentar riesgos considerables a la salud de los pacientes. Pese a ello, el partido MAS habría impulsado la ley como una medida populista, opina.
Falta generalizada de medicamentos
“En el pánico y la desesperación difícilmente se puede distinguir entre propaganda, noticias falsas y estudios científicos”, escribió el oncólogo boliviano en su columna en el diario Página Siete. Al experto le preocupa sobre todo “el impacto de la propaganda y las fake news en la población. Lamentablemente hay muchísima gente que sigue recomendaciones o recetas por Facebook o YouTube”, dice.
El auge de los tratamientos alternativos en Bolivia también ha llevado a una falta de medicamentos en las farmacias para tratar otras enfermedades, señala Patiño Sarcinello. “La gente está en estado de pánico, tiene ansiedad, angustia”. Como consecuencia, muchos medicamentos sicotrópicos y ansiolíticos ya no se encuentran en el mercado. “Estamos ante un problema de falta de medicamentos básicos que se están consumiendo de manera exagerada”, lamenta.
