Tras uno de los fines de semana con más asesinatos en los últimos meses, el presidente salvadoreño Nayib Bukele autorizó el empleo de la fuerza letal contra los pandilleros. Según el mandatario, las maras están aprovechando que la fuerza pública esté ocupada en el control de la pandemia.
Ante la escalada de homicidios desde el viernes, el presidente de El Salvador informó con un tuit que ha autorizado a policías y militares a usar la fuerza letal contra las maras “para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”.
Este fin de semana, se registraron, en tres días, cerca de 40 asesinatos atribuidos a las pandillas, principales responsables de la violencia endémica en el país. Antes de este repunte, El Salvador tenía un promedio de 2,3 homicidios diarios según la Agence France-Presse, y desde la toma de posesión de Bukele en junio de 2019, la tendencia era de una tasa de un dígito.
Las maras están aprovechando que casi toda la fuerza pública está trabajando en el control de la pandemia, justificó Nayib Bukele. En el país centroamericano, los cuerpos de seguridad están desplegados en las calles para hacer cumplir la cuarentena, obligatoria desde el 21 de marzo para frenar la epidemia de Covid-19.
El mandatario salvadoreño también declaró el estado de emergencia en las cárceles, donde están recluido 17.000 de los alrededor de 70.000 pandilleros activos en el país según la Agence Franec-Presse. Y puso fin a la separación de las diferentes maras en los presidios, una medida que estaba vigente desde 2002 para evitar enfrentamientos entre bandas rivales. Las autoridades sospechan que la ola de asesinatos del fin de semana fue ordenada por las maras desde las cárceles.
Una “bomba de tiempo”
Este domingo, el viceministro de Justicia y Seguridad y director de los Centros Penales, Osiris Luna, publicó en las redes sociales fotos con pandilleros de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18 juntos y con la inscripción “¡El Estado se respeta!”.
Esta decisión de reunir a los reos de grupos rivales es “una bomba de tiempo” que conlleva un “riesgo total de que haya amotinamientos o asesinatos selectivos o colectivos”, reacionó por su parte el coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro.
