Siete mujeres y ocho hombres. Siete de Perú, tres de Ecuador y posiblemente cinco de Colombia, según informaciones recogidas por la agencia Reuters. Con esos números podemos empezar a analizar la deportación desde EEUU a un tercer país de quince ciudadanos de Estados sudamericanos que, en un vuelo de la aerolínea Omni Air International, aterrizaron, en la madrugada del 17 de abril, en el aeropuerto internacional de la República Democrática del Congo (RDC).
Según los reportes de prensa, todos ellos cuentan con órdenes de protección de la justicia estadounidense, y no pueden ser enviados a sus países de origen. En África, ellos se encuentran detenidos en un hotel.
Como medida transitoria, las autoridades de la potencia norteamericana han alcanzado acuerdos con diversos Estados, casi todos ellos de África, además de El Salvador, para servir como terceros destinos en casos como estos. La República Democrática del Congo se sumó a la lista a comienzos de abril.
“Estas expulsiones constituyen violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional de los refugiados. Se enmarcan en acuerdos de readmisión o transferencia con terceros países, acuerdos opacos y a veces firmados en secreto que desconocen los mínimos estándares”, explica a DW Cécile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Precisamente el Gobierno de Perú fue el primero en reconocer que siete de sus nacionales se encontraban en territorio de la RDC, asegurando que todos ellos habrían adoptado por su propia voluntad esa alternativa, en el marco de un acuerdo que permite la custodia de este tipo de migrantes “hasta que la justicia estadounidense defina sus solicitudes de asilo o refugio”, según el Ministerio de Exteriores peruano.
Se trata, según esa cartera, de un “beneficio” que se otorga “a ciudadanos extranjeros que cuentan con protección legal otorgada por jueces de cortes de migración de los EE. UU.”, y que “se suele utilizar cuando los solicitantes argumentan que su vida corre peligro” si regresan a sus países de origen.
Por otro lado, el medio asociado RFI conversó con uno de los afectados, el colombiano Hugo Palencia, quien sostuvo que la estadía en el país congoleño es compleja.
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“En estos momentos mis condiciones son estables. Tengo una habitación donde dormir y tres comidas al día. No salgo a la calle ni a ningún lado, pero por ahora me encuentro bien”, indicó.
“No tengo pasaporte ni ningún documento, y una organización nos está ayudando a conseguir un documento de viaje para regresar lo antes posible. Con o sin miedo, yo quiero volver a mi país pase lo que pase. Con todo respeto por este país, tengo más miedo de estar aquí que en Colombia. Solo espero el documento de viaje para poder regresar”, añadió.
La agencia AP informó que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está prestando asistencia humanitaria a los deportados. Asimismo, les habría ofrecido un retorno voluntario asistido a sus países de origen. Eso, para David, es coacción.
“Mi clienta está siendo coaccionada para que regrese al país del que huyó y en el que un juez de inmigración estadounidense ya determinó que existe un riesgo superior al 50 por ciento de que sea torturada por el Gobierno o con su aquiescencia. No hay garantía alguna sobre su seguridad ni su cuidado”, apunta.
La RDC ha dicho que la presencia de los deportados será temporal. Hasta este 20 de abril de 2026, todos se encuentran en un hotel cerca del aeropuerto de Kinshasa, bajo vigilancia de la policía congoleña.
“Nada de este arreglo responde al interés de la seguridad ni del bienestar de mi clienta ni de ninguna de las otras mujeres y hombres deportados a la RDC”, apunta David, quien concede que “en general, es muy difícil regresar a Estados Unidos tras haber sido deportado, incluso cuando esa deportación se produjo en violación de la ley. Y suele requerir un litigio extenso y prolongado en tribunales federales”.
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