De la instancia participaron 116 de los 217 diputados, y que la ministra de Justicia, Leïla Jaffel, calificó de "conspiración" contra la seguridad del Estado, por lo que ordenó la apertura de una investigación contra los implicados.
El presidente de Túnez, Kais Said, decretó este miércoles la disolución del Parlamento, que se encontraba suspendido “temporalmente” desde el pasado 25 de julio.
Esto, cuando el mandatario declaró el Estado de excepción, cesó al primer ministro y se arrogó plenos poderes para “preservar la paz social”.
Said anunció la disolución del Parlamento durante la reunión del Consejo de Seguridad nacional.
Esta tuvo lugar pocas horas después de que la Cámara desafiase al mandatario con una sesión parlamentaria a distancia. Esto, para anular sus medidas excepcionales decretadas durante los últimos ocho meses.
La medida fue anunciada en el consejo de seguridad nacional “para preservar el Estado y sus instituciones” después de que la Asamblea desafiase al presidente con una sesión de voto a distancia.
Entre los decretos adoptados se encuentra el cese del primer ministro, Hichem Mechichi, y el nombramiento de su sucesora, Nedjla Bouden.
Se suma la suspensión de la casi totalidad de la constitución de 2014 y la disolución del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) y su sustitución por un órgano “temporal”.
“Quienes traten de atentar contra el Estado o llevar a cabo combates internos deberán enfrentarse a las instituciones y poderes que les desviarán de sus objetivos”, advirtió este sábado el dirigente.
Lo anterior, tras conocerse la iniciativa del Parlamento, que prevé una segunda sesión este 2 de abril. Esto, para examinar la situación política, económica y social.
Disolución del Parlamento de Túnez
Por su parte, la poderosa central sindical UGTT rechazó igualmente esta reunión. Además, acusó a los parlamentarios de “llevar al país al conflicto y a la división política”.
En un comunicado conjunto publicado este sábado, un total de 27 diputados de diferentes grupos parlamentarios instaron a los miembros del hemiciclo a asumir sus responsabilidades y favorecer un diálogo nacional entre los diferentes actores nacionales que permita conducir al país a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.
El pasado 25 de julio el dignatario decretó el Estado de excepción y se hizo con plenos poderes con el fin de “recuperar la paz social”.
Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como “golpe de Estado”.
Esto, mientras otros consideran que se trata de una “rectificación” de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.
Según la hoja de ruta anunciada por Said a finales de año, el país deberá celebrar el próximo 25 de julio un referéndum constitucional –el primero de la historia del país- y legislativas anticipadas el 17 de diciembre.
