La empresa estatal se está preparando para buscar socios privados que impulsen la explotación y procesamiento del mineral crítico, en el contexto de la Estrategia Nacional del Litio y el llamado a inversores por parte del Gobierno.

Durante el 15 de abril, el Gobierno del presidente Gabriel Boric informó que se realizará un llamado a inversores nacionales y extranjeros que tengan interés en desarrollar proyectos de extracción de litio en territorio nacional.

La iniciativa, enmarcada en la Estrategia Nacional del Litio, tiene a la Empresa Nacional de Minería (Enami) como un actor esencial, asignándole cuatro salares; Grande, Infieles, Aguilar y La Isla, hasta el momento sin un porcentaje de participación definido entre el ente estatal y algún privado.

Todo esto mientras se dieron a conocer proyecciones que arrojan pérdidas hasta 2030 para la compañía, con una polémica paralización de la fundición Paipote (que solo “atenúa” los problemas que atraviesa Enami) y una presión proveniente de los pagos por deuda bancaria, los que crecerían hasta los US$784 millones este año.

Enami se prepara para buscar socios para la explotación del litio

En entrevista con agencia EFE, el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, aseguró que es factible aumentar la producción de litio en un 70% antes del 2030.

A su vez, la participación de los privados sobre la explotación del recurso dependerá de la cantidad que se encuentre en los salares norteños. De hecho, ahora se encuentran en una campaña de exploración de salares, para conocer la concentración del litio a distintas profundidades.

“Es el dato más concreto para saber el valor de negocio asociado a este sistema de salares”, apuntó el ejecutivo.

De esta forma, la Enami priorizará a quienes “quieran ejecutar el proyecto, tengan capacidad de operación, financiamiento y experiencia”, comentó Mlynarz a EFE, señalando que el proceso de calificación para asociarse con la empresa se abrirá en mayo.

La importancia estratégica del mineral

Un decreto de 1979, instaurado durante la dictadura militar en el contexto de la Guerra Fría y vigente hoy, limitó las concesiones de litio y declaró el mineral de “interés estratégico” por sus posibilidades en la tecnología nuclear.

Por eso, para abrir su explotación, el Estado suscribirá unos “Contratos Especiales de Operación de Litio” (CEOL) con las empresas seleccionadas.

El acuerdo fijará, entre otros, el impuesto y las compensaciones al Estado para su extracción: “Para una negociación justa, el royalty tiene que ajustarse a las condiciones de los salares”, precisó Mlynarz.

Vicepresidente ejecutivo de la ENAMI, Iván Mlynarz, habla durante una entrevista con EFE | Elvis González | EFE
Vicepresidente ejecutivo de la ENAMI, Iván Mlynarz, habla durante una entrevista con EFE | Elvis González | EFE

Antes de elegir sus contrapartes, la Enami busca ahora la mejor tecnología de extracción directa de litio, una metodología que cambiará el método aplicado hasta ahora, basado en la evaporación en piscinas.

La empresa estatal abrió una convocatoria –que cierra esta semana– a todas las tecnológicas que trabajan con este procedimiento y hasta ahora respondieron 24 empresas de 12 países.

“Eso demuestra que hay un interés importante a nivel global por este proyecto en particular”, indicó el directivo.

Aunque no existe consenso científico sobre la reducción de la huella ambiental de este método, el Gobierno chileno ha definido que reduce el consumo de agua y disminuye el impacto en zonas extremadamente áridas.

Voz de las comunidades

En 2022, Chile exportó US$6.877 millones de carbonato de litio, lo que supone un aumento del 777% respecto de 2021, según el Banco Central, pero en 2023 las exportaciones del recurso registraron caídas de US$2.600 millones.

“Hay un desfase entre la producción y la demanda al corto plazo y eso ha reducido los precios, pero a mediano y largo plazo el requerimiento de litio en el mundo va a seguir aumentando a mucha velocidad”, pronostica Mlynarz, que se muestra “optimista y esperanzado” para avanzar en los proyectos .

Las comunidades indígenas que habitan la zona aledaña al sistema de salares Altoandinos están en pleno desarrollo de una consulta –obligada por ley– para opinar sobre la intervención en estos ecosistemas.

Si bien el resultado de este proceso no será vinculante, para Mlynarz “es importante que estén a favor del proyecto”.

El directivo destacó “el vínculo directo” con los pueblos originarios del lugar y cerró: “Mantenemos un contacto permanente con ellos para que sepan qué sucede en los salares porque tenemos un interés común de cuidar el espacio en el que trabajamos”.