El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó un eventual conflicto de interés tras la aprobación ambiental del proyecto Alto Santorini, iniciativa vinculada a su hermano que está emplazada cerca de las dunas de Concón.
Pese a que desde el gobierno sostienen que Quiroz no intervino en la decisión, especialistas en probidad sostienen que la autoridad se debió inhabilitar en la ley de reconstrucción para asegurar imparcialidad.
Quiroz descarta conflicto de interés por proyecto Alto Santorini
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó cualquier conflicto de interés tras la aprobación ambiental de un proyecto inmobiliario vinculado a su hermano, Víctor Quiroz, y aseguró que las medidas impulsadas desde su cartera para acelerar inversiones no intervienen en el resultado de las evaluaciones.
La controversia surge tras una investigación de Ciper sobre Alto Santorini, iniciativa de más de 43 millones de dólares proyectada cerca de las dunas de Concón.
Víctor Quiroz, hermano del ministro, quien participa del proyecto a través de sociedades familiares, estuvo involucrado en su diseño y realizó gestiones de lobby ante autoridades regionales.
En paralelo, Hacienda implementó un sistema de seguimiento para acelerar la tramitación de proyectos de inversión. Según Jorge Quiroz, ese mecanismo solamente controla plazos y no define si una iniciativa debe aprobarse o rechazarse.
“A mi no me compete la aprobación de ningún proyecto de nada que tenga que ver con medio ambiente; por lo tanto, no hay ninguna relación…”
Ahí aparece la primera pregunta: ¿basta con que el ministro no tenga atribuciones directas para aprobar un proyecto o debió igualmente apartarse de cualquier instancia que pudiera relacionarse con una iniciativa de su hermano?
Desde Hacienda rechazaron las acusaciones. Teatinos 120 asegura que desde marzo se aprobaron 138 proyectos por unos 21 mil millones de dólares y que Alto Santorini siguió la misma institucionalidad que cualquier otra iniciativa.
Hay además un antecedente relevante.
Durante la evaluación, Sernageomin había formulado reparos por riesgos asociados a remociones en masa. Sin embargo, en un oficio posterior, fechado el 17 de junio, el propio organismo informó que revisó el Informe Consolidado de Evaluación del proyecto y que no tenía observaciones que efectuar. Finalmente, Alto Santorini recibió una calificación ambiental favorable el 8 de julio.
Entonces el debate cambia parcialmente: no se trata solamente de preguntarse si técnicamente el proyecto podía aprobarse, sino también qué estándar debe exigirse a una autoridad cuando una política general que impulsa desde su ministerio puede terminar favoreciendo económicamente a un familiar directo.
¿Debió inhabilitarte el ministro Quiroz?
El director de Chile Transparente, Michel Figueroa, dijo que existe una diferencia entre lo que debe informarse en una declaración de patrimonio y la obligación de inhabilitarse frente a una decisión concreta. A su juicio, la relación entre hermanos hacía necesario que el ministro se apartara.
“Las autoridades deben declarar las redes familiares (…) debiesen abstenerse de participar”.
Pero esa interpretación no es compartida por todos. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, plantea que debe distinguirse entre una política pública general y una decisión diseñada para beneficiar a una persona determinada.
Según Leturia, una autoridad no puede impedir que sus familiares desarrollen actividades económicas y lo relevante es determinar si el proyecto recibió un trato distinto o si se sometió a las mismas reglas que el resto.
“Una persona tiene derecho a hacer negocios o ejercer una profesión con independencia (…) lo importante es que se cumpla con la institucionalidad”.
Y ahí surge otro punto: ¿para configurar un problema ético tiene que comprobarse un beneficio especial o basta con la apariencia de un posible conflicto para exigir la inhabilitación?
Juan José Lyon, director ejecutivo de Fundación América Transparente, pone el estándar precisamente en esa segunda dimensión. Sostiene que una autoridad debe abstenerse cuando existe una circunstancia familiar capaz de afectar, o incluso poner en duda, su imparcialidad.
“La ley chilena es super estricta, te obliga a restarte de cualquier trámite (…) los padres o hermanos son causales directas para inhabilitarse”.
Hacienda asegura que no intervino
La discusión queda entonces en dos planos. En lo administrativo, Hacienda sostiene que no decide las aprobaciones ambientales y que Sernageomin terminó visando el informe que recomendaba aprobar Alto Santorini.
Pero en materia de probidad queda abierta una interrogante distinta: ¿debió Jorge Quiroz transparentar expresamente el vínculo y marginarse del seguimiento de este proyecto para evitar cualquier duda sobre su actuación?
Porque el punto de fondo no es solo si Alto Santorini cumplió finalmente los requisitos técnicos. También es determinar hasta dónde debe llegar el deber de abstención de una autoridad cuando una política que lidera puede alcanzar directamente los intereses económicos de su propia familia.
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