Las 23 dudas de las oposiciones ante la Ley de Reconstrucción: señalan inconsistencias en las cifras

La “Ley de Reconstrucción Nacional” viene a ser la especie de “Ley Ómnibus” del presidente José Antonio Kast, con un marcado componente económico y tributario. Y ante su ingreso y discusión al Congreso, desde las oposiciones ya se levantan una serie de dudas, algunas de ellas sobre componentes clave de la iniciativa.

Según documentos a los que tuvo acceso Radio Bío Bío y BioBioChile, en total son 23 las observaciones, las que giran en cinco ejes.

Estos son: inconsistencias del Informe Financiero (IF) adjunto a la iniciativa, acuerdos tomados durante la discusión que reducen los ingresos fiscales, estimaciones de medidas con impacto en el gasto y otras con impacto tributario, además de los efectos indirectos sobre recaudación y crecimiento económico.

Las dudas que presentan las oposiciones sobre el megaproyecto del Gobierno

Dentro de las observaciones por inconsistencias en cifras y porcentajes, se advierte que la tabla 13 del IF estima una recaudación equivalente al 0,10% del PIB en cuanto al adelantamiento de inversiones. Sin embargo, en la tabla siguiente, con las medidas en millones de pesos, la misma iniciativa registra 0 pesos.

Como consecuencia de ello, también se afecta la estimación de los costos fiscales de la Ley de Reconstrucción, donde una estimación apunta a un impacto de 0,09% del PIB, unos $350 mil millones, mientras que otra apunta a $838 mil millones. Es decir, una diferencia de $488 mil millones.

Otro punto en esta línea señala que se debería sumar en la proyección fiscal lo relacionado al impuesto corporativo de las Pymes y devolución IVA.

Sobre las estimaciones de medidas con impacto en el gasto, algunos de los cuestionamientos apuntan a conocer los supuestos sobre cuáles serán las instituciones que solicitaron acceder a la gratuidad y que eventualmente lo harían entre 2027 y 2028. Cabe destacar que el Ejecutivo ha propuesto limitar el ingreso de nuevos centros de estudio a este beneficio, como una medida de ahorro fiscal.

A modo de argumento, el documento al que accedió La Radio y BBCL sostiene que la tasa de crecimiento de beneficiarios de la gratuidad está “sobreestimada” si se usa la información del 2018 frente al año previo, mientras que el promedio de arancel de los considerados como 48 mil beneficiarios es de $2,2 millones frente a lo señalado en el IF, de $4,7 millones en universidades y $2,6 millones en CFT e IP.

También se apunta a la “omisión de una estimación del costo fiscal” relacionado al reembolso de gastos en el caso de que se anule una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) tras su primera calificación. Esto está contenido como parte de las medidas para destrabar y acelerar inversiones bajo tramitación ambiental.

Según los comentarios de las oposiciones establecidos en el texto, que se estime un 0,3% de proyectos que podrían estar afectos a compensación, deja “una cifra suficiente considerable que debería ser consignada en el Informe Financiero”.

Además, en lo relacionado a la reducción del impuesto a las empresas del 27% al 23%, el cuestionamiento apunta a que se prevé un impacto del 0,44% del PIB, donde un 0,41% es por el efecto sobre el régimen general semi integrado.

Pero, el Informe de Estadísticas Tributarias de 2026 proyecta que el efecto de bajar cuatro puntos porcentuales en el impuesto corporativo en el régimen semi integrado sería de 0,52%, superior en aproximadamente US$400 millones a lo afirmado por el Gobierno en el IF.

Otras dudas apuntan a la reintegración del sistema tributario -detalles de las estimaciones-; el número de beneficiarios del crédito tributario en base a la planilla salarial, el ahorro efectivo del fin a la franquicia del SENCE -cerca de US$330 millones cuando el gasto en los últimos años ha sido de cerca de US$200 millones- y la falta de estimaciones por la ampliación de beneficios tributarios a propietarios jurídicos de inmuebles DFL2 .

También se advierte que el impacto de la menor recaudación por concepto de impuesto a las donaciones podría estar subestimada en al menos $200 mil millones, según lo establecido en el IF.

De la lista de consultas y observaciones, se suma la comparabilidad entre efectos directos e indirectos; la extrapolación de estimaciones de la Comisión Marfán, efecto de la reintegración del sistema en el crecimiento y de la invariabilidad tributaria sobre la actividad, entre varias otras.

En este contexto de la discusión sobre la Ley de Reconstrucción, las oposiciones han pedido que tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se hagan partícioes del debate en la Comisión de Hacienda.

Gael Yeomans (FA) sostuvo que existe la “necesidad de invitar al FMI, al Banco Central, a la OCDE, porque la irresponsabilidad de llevar a cabo un proyecto de ley como este, va a afectar a la ciudadanía, porque vamos a tener menos recursos para financiar las necesidades que se tienen”

A su vez, los parlamentarios contrarios al proyecto presionan para que el Gobierno de Kast responda las preguntas planteadas sobre el IF y el Informe de Impacto Regulatorio. Irací Hassler (PC), dijo que las dudas “no han tenido respuesta del Ejecutivo, y es fundamental transparentar los números y las estimaciones que han hecho”.

Por el contrario, Pier Karlezi (PNL) sostuvo que la tramitación y las presentaciones de Hacienda han sido “con un nivel de detalle técnico” que antes no existía, mientras que si bien Diego Schalper (RN) dijo que escucharán al Consejo Fiscal Autónomo (CFA), cuestionó: “¿Qué es peor para Chile? ¿Eventualmente enfrentar una situación que tenemos que compensar con otros cambios tributarios o seguir creciendo al 2%?”.