La aguda violencia usada por las fuerzas de Carabineros en contra de los participantes en las movilizaciones sociales, desde el 18 de Octubre en adelante, ha pasado a ser uno de los factores principales, más siniestros y lamentables, en la crisis de gobernabilidad que afecta el país.
Chile, de símbolo democrático, está ahora en la lista más penosa y oscura de los países en que las personas son aplastadas, violadas y abusadas por las instituciones del Estado que deben proteger a la población y no humillarla ni oprimirla.
Ante la gravedad de la situación el gobierno no ha tenido ni la autoridad requerida ante la institución policial ni la la estatura política de quienes ejercen el mandato constitucional para cuidar el orden público sin dañar ni humillar a la ciudadanía, por el contrario, sus intervenciones justifican la criminalidad policial, tratando de darle una lamentable “cobertura” legal a su deshonrosa conducta.
Esta marca de concomitancia con abusos de extrema violencia, que han conmovido por su criminalidad como ha ocurrido con el drama de decenas de jóvenes que han recibido perdigones y balines en sus ojos y su cara, la inició el propio Jefe de Estado con su reprobable frase de que “estamos en guerra”.
Luego, ante la magnitud de los millones de manifestantes que por todo Chile declararon que no estaban en guerra, señaló que había “cambiado”, pero jamás llegó a condenar como inadmisibles en cualquier circunstancia las violaciones de los Derechos Humanos, las que nunca debieron ocurrir en democracia.
Ahora se trata del nuevo y “renovador” ministro del Interior que salió con todo a blindar, el domingo pasado, nefastas acciones policiales en contra de la ciudadanía, al declarar: “…el fondo no es únicamente el orden público y seguridad, pero es el elemento angular, central, base, de nuestro ordenamiento democrático”.
No es así, el ejercicio de la libertad, la paz social, el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de la persona, la aceptación de la diversidad y de la búsqueda de la justicia social son la base esencial de la comunidad democrática y la diferencian del totalitarismo y la sumisión de carácter dictatorial.
La idea autoritaria de definir como “angular”, “central”, “base” del ordenamiento democrático el orden y la seguridad explica la deplorable actitud del gobierno ante las violaciones a los Derechos Humanos que han conmovido a Chile.
La posición ministerial ni siquiera coincide con el texto constitucional al que debiese atenerse y respetar, sus frases son de su total responsabilidad y hacen de la seguridad un factor primordial del concepto constitucional, por esa doctrina elevada a dogma en Carabineros piensan que pueden hacer lo que ellos quieran y no lo que le esté expresamente autorizado legalmente.
El país tiene la voluntad de avanzar a una nueva Constitución, eso no significa que no esté vigente una que se debe respetar y que la llamada centroderecha ha defendido a brazo partido, en la misma se señala en el artículo 7: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.
Más adelante, en el artículo 101, define que las fuerzas de orden y seguridad están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones, definiendo su rol: “…existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior…”, es decir, no son el “elemento angular, central, base, de nuestro ordenamiento democrático” como improvisó el ministro.
En suma, Chile es una República democrática y no un Estado policial. Queda claro que durante muchos años no hubo educación cívica, al punto que el ministro del Interior desconoce cuestiones básicas de nuestra convivencia como nación.
En todo caso, el país avanzará hacia una nueva Constitución que tendrá, entre otros desafíos, la tarea de asegurar que Carabineros no se exceda en el uso de la fuerza para evitar un dolor tan grande, a la nación en su conjunto, como es la tragedia de los jóvenes que han perdido sus ojos y que han sido heridos y mutilados por ejercer su legítimo derecho a manifestarse y han recibido una brutal respuesta represiva del Estado, que no puede tener otro nombre que no sea el de criminal violación de sus Derechos Humanos.
Esta conducta ha abierto una nueva herida en la comunidad nacional y el mando de Carabineros debe responder por su responsabilidad en estos hechos que hoy avergüenzan, pero que avergonzarán aún más, a las generaciones futuras. Esta conducta quedará registrada simplemente como una época de barbarie.
Camilo Escalona MedinaEx Presidente del Senado
