El caso del suboficial de Carabineros en retiro, conocido como el “paco nazi”, y de otros 14 policías uniformados que han recibido duras condenas de los Tribunales de Justicia por reiterados tormentos y crueles apremios ilegítimos, obliga a la sociedad chilena a reflexionar nuevamente acerca de porqué ocurren hechos que nos avergüenzan o deben avergonzar como país.
Más aún, estas condenas exigen una revisión de los procedimientos en la propia institución policial, de cómo fue posible que uno de los procesados, formalizado por delitos gravísimos como el de torturas en la misma unidad policial donde se debe servir a la comunidad, pueda ir como muestran las imágenes, con a lo menos tres vehículos radio patrullas a pedir un compromiso matrimonial y luego en las excusas por el abuso se diga que tiene “irreprochable” hoja de servicios.
Aún más, se ha informado en medios de comunicación que el suboficial conocido como “paco nazi” fue indagado en una investigación realizada por organismos competentes, por su responsabilidad en la desaparición del joven mapuche José Huenante, sucedida el año 2005, en Puerto Montt.
Estas situaciones siembran un grave descrédito hacia los mecanismos internos de Carabineros, ya que no puede ser puesto en duda que el respeto a la dignidad de la persona es la base inamovible de la gobernabilidad democrática y, en consecuencia, del comportamiento policial.
Estos hechos condenables dejan la duda respecto de si en el seno de las unidades policiales queda aún un espíritu corporativo y autoritario, instruido y adquirido en la dictadura, que oculta conductas indebidas e ilegales que no se han superado.
El desafío es lograr como permanente la voluntad de sancionar las prácticas deleznables, torcidas y deshonestas, y finalmente, limpiar la institución de individuos que delinquen torturando a personas indefensas, manchando el uniforme con sus delitos, apoyándose en cómplices que no cumplen con su deber de denunciar y/o castigar esas acciones.
La violencia policial es un hábito perverso, un cáncer que socava su labor y enfrenta a sus efectivos con la comunidad, los aleja de ella y favorece a los hampones que ante el descrédito policial que priva a la institución de apoyo social, pueden actuar fácilmente.
La labor de Carabineros es dar eficacia al Derecho y resulta obvio que esa misión no se cumple violando el Estado de Derecho.
Por eso, los mandos institucionales no pueden vacilar. Cualquier actitud corporativa es nefasta. Las prácticas de atropellos y, peor aún, de torturas en contra de las personas deben ser drásticamente sancionadas. Aquí no se trata de ser duro o blando, aquí se juega la legitimidad de una institución esencial en democracia.
Camilo Escalona Medina
Ex Presidente del Senado
