Artes y Cultura
Martes 08 enero de 2019 | Publicado a las 16:35 · Actualizado a las 16:36
Salen chispas en pugna entre la Cámara Chilena de la Construcción y Fundación Defendamos la Ciudad
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Desde hace unos a√Īos se empez√≥ a hablar de los llamados ‚Äúguetos verticales‚ÄĚ, generando, por un lado, debate sobre los efectos urbanos que pudieran provocar como sobre la calidad de vida que pudieran permitir. La otra gran arista es sobre la legalidad de los permisos otorgados y si el que se hubiese dado un permiso de construcci√≥n que no se ajusta a las normas daba derechos o no.

Un debate largo en el que han participado diversas autoridades, instituciones, Tribunales de Justicia, la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica, asociaciones gremiales, la C√°mara Chilena de la Construcci√≥n y la Fundaci√≥n Defendamos la Ciudad, entre otros.

Como suele suceder, detr√°s de las grandes gestiones inmobiliarias hay proyectos de decenas y cientos de millones de d√≥lares. Entonces, los poderes act√ļan y se hace dif√≠cil un di√°logo, que se busque el bien com√ļn.

Muestra de lo anterior son dos cartas. Una de la C√°mara Chilena de la Construcci√≥n respondiendo a una columna de Patricio Herman, y la de este √ļltimo a la CchC. Cada buen lector o lectora podr√° sacar sus conclusiones en este intercambio con intereses que, al parecer, no dialogan.

Carta de la Cámara Chilena de la Construcción

En su columna ‚ÄúLas incertezas jur√≠dicas del negocio inmobiliario de las que nadie habla‚ÄĚ, publicada por CIPER este lunes 17 de diciembre, el Sr. Patricio Herman ‚Äďpresidente de la Fundaci√≥n Defendamos la Ciudad‚Äď asegura que, de no ocurrir un determinado cambio legal que √©l mismo propone, ‚Äúse seguir√°n conociendo comportamientos corporativos re√Īidos con el estado de derecho, e incluso contrarias¬†(sic)¬†a la probidad por parte de municipalidades, la C√°mara Chilena de la Construcci√≥n CCHC y otras asociaciones relacionadas con el negocio de la construcci√≥n‚ÄĚ.

Con esta afirmaci√≥n, y como lamentablemente ya viene siendo costumbre, el Sr. Herman vuelve a rebajar el debate p√ļblico de los mismos ‚Äútemas ciudadanos de alto impacto‚ÄĚ que dice representar.

Al respecto, sus pr√°cticas son conocidas. Con tal de sostener sus propios argumentos se vale del cuestionable recurso de presentar contenidos t√©cnicos (que bien podr√≠an ser motivo de an√°lisis) en el contexto de una ficci√≥n, identificando a todo aquel que no piense como √©l como parte de un poder omnipotente (el ‚Äúenemigo‚ÄĚ de toda ficci√≥n), que confabula en las sombras y act√ļa sin ning√ļn respeto a la normativa y las leyes, agraviando de paso, y sin fundamentos, a personas e instituciones de la m√°s diversa naturaleza.

Sabemos que as√≠ es muy probable que logre la adhesi√≥n de ciertos grupos afines a su pensamiento. Pero tambi√©n sabemos que con este tipo de pr√°cticas la necesaria vigilancia de la ciudadan√≠a sobre los actos del sector p√ļblico y el privado se desnaturaliza y pierde su norte, pues solo contribuye a la polarizaci√≥n de nuestra sociedad y a un debate de trincheras, que busca mantener y ojal√° potenciar el conflicto en vez de aportar a un di√°logo constructivo, que ayude efectivamente a mejorar la convivencia y el bienestar de las personas.

Pablo √Ālvarez T.
Gerente Vivienda y Urbanismo
Cámara Chilena de la Construcción

Respuesta de Patricio Herman a la CChC

El se√Īor Pablo √Āvarez, Gerente de la C√°mara Chilena de la Construcci√≥n (CCHC), mediante una carta publicada el 29 de diciembre de 2018, reaccionando destempladamente a mi columna de opini√≥n denominada ‚ÄúLas incertezas jur√≠dicas del negocio inmobiliario que nadie habla‚ÄĚ, publicada en CIPER el 17 del mismo mes, me reprocha formular denuncias ‚Äúficci√≥n‚ÄĚ, para promover la polarizaci√≥n de la sociedad, y peor a√ļn, no hace ninguna autocr√≠tica en relaci√≥n con las causas de la incerteza jur√≠dica que afecta a los permisos de edificaci√≥n en diversas comunas, y particularmente en la municipalidad de Las Condes.

Es lamentable que el se√Īor √Ālvarez reaccione as√≠, a una columna de opini√≥n extremadamente acuciosa y fundada en documentos oficiales, donde se da cuenta de la manera en que el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes fue modificado, a propuesta del arquitecto don Jos√© Ram√≥n Ugarte, mediante el Decreto Alcaldicio N¬į 729 de 2010, para beneficiar a un predio espec√≠fico, ubicado en calle Vital Apoquindo N¬į 1.400, N¬į 1.450 y N¬į 1.500, de la comuna de Las Condes, donde posteriormente se obtiene el¬†Permiso de Edificaci√≥n N¬į 37¬†de 2018, en favor de ¬†‚ÄúInmobiliaria Mirador Oriente SA‚ÄĚ, Rut. N¬į 76.299.451-8, representada por don¬†Jos√© Manuel Poblete¬†y tambi√©n representada por don¬†Jos√© Ram√≥n Ugarte,¬†tal como consta en la escritura p√ļblica otorgada en la Notaria de don Ren√© Benavente, con fecha 25 de enero de 2017, es decir, por la misma persona que gestion√≥ la modificaci√≥n N¬į 8 del PRC de Las Condes.

Habr√≠a sido m√°s propicio para elevar el nivel de la discusi√≥n en materia de probidad y certeza jur√≠dica de los permisos, que la CCHC se hubiera pronunciado sobre esa imp√ļdica pr√°ctica de modificar un PRC para ajustarlo a intereses particulares espec√≠ficos.

Le recomiendo al se√Īor √Ālvarez que revise el Acta de la sesi√≥n extraordinaria N¬į 138 del Concejo Municipal de Las Condes, celebrada el jueves 3 de junio de 2010, en lo que se conoci√≥ como modificaci√≥n N¬į 8 del PRC de Las Condes, para constatar la participaci√≥n del se√Īor Ugarte en la referida actuaci√≥n, especialmente lo que se expresa en sus p√°ginas 16 y 17, donde con solo dos frases, se incrementa la densidad de la Zona E-Ab4, del art√≠culo 38, del PRC, de s√≥lo 2 viviendas por hect√°rea a 40 viviendas por hect√°rea, generando con ello, un beneficio superior al equivalente de un mill√≥n de UF. Por pudor prefiero no multiplicar esa cifra por el valor que tiene la UF.

Una actuación de esa naturaleza afecta en primer lugar la sana competencia entre actores privados, dentro de los cuales hay muchos empresarios honrados, que les resulta difícil o casi imposible competir en tan disímiles condiciones, cuando otros logran ventajas indebidas, y legalmente reprochables.

Por la raz√≥n antedicha, era m√°s esperable y honorable que la CCHC saliera p√ļblicamente condenando toda conducta que se aleje de la legalidad as√≠ como tambi√©n, las que contravienen los principios m√°s elementales de la probidad privada, esencial para que el mercado funcione en correcta lid.

Tambi√©n hubiera elevado la discusi√≥n p√ļblica sobre la incerteza jur√≠dica de los permisos, que la CCHC se pronuncie sobre el desorden que afecta al Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes, en donde la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica ha emitido cerca de 30 dict√°menes representando las ilegalidades que lo afectan, sin que el alcalde Lav√≠n haga nada para ajustar dicho instrumento normativo a su √°mbito de competencia, en los t√©rminos que establece la LGUC y su OGUC.

Para darse una idea al respecto, baste con se√Īalar que el Decreto Alcaldicio N¬į 966, de 2014, que modific√≥ m√°s del 50% del PRC de Las Condes se aprob√≥ sin haberse expuesto al p√ļblico, y tambi√©n sin acuerdo del Concejo Municipal y sin contar con el Informe Favorable de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, y por ello debi√≥ derogarse finalmente, despu√©s de 3 insistencias de la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica.

Igualmente debiera llamarle la atención a la CCHC que la municipalidad de Las Condes retiró de su página Web el texto de la Ordenanza Local del PRC de Las Condes, así como los planos que grafican sus disposiciones, lo que impide a las propias inmobiliarias conocer las normas que afectan a los proyectos que impulsan en esa comuna, donde la confusión llega a su máxima expresión.

Si en vez de reacciones destempladas como la que comentamos del se√Īor √Ālvarez, la CCHC analizara en mayor profundidad las verdaderas causas de la incerteza jur√≠dica de los permisos, probablemente se avanzar√≠a mucho m√°s r√°pido en la soluci√≥n.

Desde luego, el problema no est√° en las denuncias ni en los entes fiscalizadores como la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica, ni en los Tribunales Superiores de Justicia, sino que en un marco regulatorio muy defectuoso que hace inviable la actividad del sector construcci√≥n, arrastrando con ello, a innumerables permisos de edificaci√≥n.

También se suma a lo anterior, y agrava enormemente la situación de incerteza, cuando ciertas personas o empresarios se pasan de listos y contravienen el marco regulatorio.

Ninguna actividad econ√≥mica es l√≠cita, si se incurre en ilegalidades. De hecho, le recomiendo al se√Īor √Ālvarez que analice el fallo de la Corte Suprema en Casaci√≥n Reclamo de Ilegalidad, Rol N¬į 15561-2017, 27 de diciembre de 2017, donde se sostiene la doctrina seg√ļn la cual los permisos deben otorgarse si se cumplen las normas urban√≠sticas y deben rechazarse si no las cumplen. De ah√≠ que no es de extra√Īar que, tanto la Corte Suprema como la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica, sostienen que los permisos ilegales, es decir, aquellos que no cumplen con el marco regulatorio que los afecta, no generan derechos adquiridos.

Chile en los √ļltimos a√Īos ha ido cambiando para mejor, sobre todo en transparencia por la acci√≥n de los medios de prensa digitales y ciertas radios, que a diferencia de los medios de comunicaci√≥n tradicionales, ejercen la mayor√≠a de ellos el periodismo de verdad, cultivando la libertad de expresi√≥n.

Dentro de ese cambio silencioso, todos los chilenos somos menos tolerantes y m√°s exigentes, y ya no celebramos las ilegalidades ni las faltas a la probidad como simples picard√≠as de empresarios temerarios. Ello incluye tambi√©n a jueces y fiscalizadores de los Entes P√ļblicos.

La insana doctrina anterior, que tanto anhelan nost√°lgicamente algunos socios de la CCHC, en donde un permiso otorgado generaba derechos adquiridos, y por ello era casi inimpugnable, aunque adoleciera de los vicios m√°s reprochables de legalidad, ha ido dando paso a una doctrina distinta, actualmente vigente, seg√ļn la cual, los permisos ilegales no generan derechos adquiridos a sus poseedores.

En ese nuevo contexto, es in√ļtil tratar de desprestigiar los fallos de la Corte Suprema, o los dict√°menes de la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica, cuando √©stos representan con variados fundamentos la ilegalidad que afecta a determinados permisos de edificaci√≥n.

Tampoco es eficaz tratar de denostar a los actores privados que denuncian toda pr√°ctica que estiman ilegal, porque tales acusaciones se formulan con mucha base jur√≠dica ante la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica o ante los Tribunales de Justicia, para que sean dichos √≥rganos del Estado los que finalmente determinen si un permiso de edificaci√≥n es contrario a derecho o se ajusta al marco regulatorio.

De ahí que es mucho más efectivo analizar las verdaderas razones que causan la inestabilidad de los permisos, partiendo por condenar a los actores inmobiliarios que se salen del Estado de Derecho, para luego hacer el esfuerzo de modernizar el marco regulatorio del sector construcción, lo que implica revisar las normas de los Planes Reguladores y de la OGUC que no se ajusta a la LGUC. Mientras eso no se haga, seguirá existiendo incerteza jurídica de los permisos, sin importar lo que se opine por la prensa.

El Ministro de Vivienda ha anunciado recientemente que en los próximos días enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional, para reforzar la certeza jurídica de los permisos. En buena hora, en la medida que no pretenda dejar impune a los permisos que han violado el marco regulatorio o lo infrinjan en el futuro.

La CCHC debiera ser la primera en oponerse a la impunidad de los infractores, porque eso sería el peor golpe a los empresarios honrados y un fomento infinito a los que transgreden el marco regulatorio en su beneficio, afectando de paso la sana competencia que debe existir en una economía social de mercado.

Como se apreciar√°, mucho aportar√≠a a elevar el nivel de la discusi√≥n p√ļblica en materia de incerteza jur√≠dica de los permisos de edificaci√≥n, si la CCHC hiciera un poco m√°s autocr√≠tica, y profundizara en las verdaderas causas que est√°n en juego detr√°s de tantos permisos cuestionados por los organismos p√ļblicos competentes.

El Presidente de la Asociaci√≥n de Directores de Obras Municipales, don Agust√≠n P√©rez, ha expresado en seminarios p√ļblicos, que los permisos cuestionados equivalen a menos del 1% de los que se otorgan cada a√Īo, por lo tanto, minimizando el problema.

Creo que aunque los permisos cuestionados sean menos del 1% del total de permisos otorgados, es innegable que han convulsionado la industria de la construcci√≥n, especialmente cuando algunos de tales permisos cuestionados es el PE 108 de 2015, conocido como ‚ÄúTerritoria-Apoquindo‚ÄĚ, el cual representa una gran inversi√≥n privada extranjera, cercana a los 500 millones de d√≥lares seg√ļn afirman sus impulsores.

Es decir, con menos del 1% del total de permisos otorgados, se ha generado masa crítica en materia de incerteza jurídica de los permisos, debido justamente al desorden que rige en el sector construcción, de la cual la CCHC pasivamente parece no entender sus verdaderas causas.

Reducir el tema de la incerteza jurídica de los permisos a un problema de trincheras, o de polarización de nuestra sociedad, es no entender nada de nada, porque esto no es un tema político, sino que, es un asunto muy serio respecto del debilitamiento institucional provocado en gran medida por algunos actores inmobiliarios que se han pasado de la raya, contribuyendo de paso al desprestigio colectivo de un sector importante de la economía, que genera cerca de un millón de empleos permanentes y representa normalmente entre un 8% y un 10% del PIB, y que además, tiene efectos beneficiosos para el resto de la actividad económica.

Mal le hace al sector, que en el permiso de edificación de Vespucio Sur con Renato Sánchez, en la comuna de Las Condes, su titular hubiere faltado a la verdad sobre la superficie del terreno para obtener un beneficio indebido sobre la figura del Conjunto Armónico.

Lamentablemente, su asociación gremial empresarial se queda absolutamente muda cuando dichas prácticas indebidas ocurren y en esa oportunidad, los denunciantes fueron 150 prestigiosos vecinos de Las Condes, incluyendo, entre otros, al alcalde de Santiago y a un ex presidente del Colegio de Arquitectos.

En otras palabras, la comunidad actual chilena es más activa y más informada y por ello se opone a las recurrentes ilegalidades que se conocen y a toda forma de corrupción. El rol de nuestra fundación es elevar los estándares para asemejarnos progresivamente a los países del primer mundo y si la CCHC, con su voto censitario para elegir a sus autoridades, prefiere quedarse en el pasado, haciendo valer prácticas corporativas, ya es su problema.

Es de esperar que la CCHC se ilumine y logre entender a tiempo este interesante y necesario fenómeno social que, todos debemos reconocerlo, significa mayor democracia y mejor mercado.

Atte,
Patricio Herman
Fundación Defendamos la Ciudad

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