La Fundación Villa San Luis interpuso un recurso de protección, patrocinado por la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, como última medida para evitar la demolición del último edificio de conjunto habitacional que se ideara durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y construido durante el gobierno de Salvador Allende, donde le dieron un fuerte acento de inclusión social.
Vale recordar que los dos últimos edificios fueron declarados Monumento Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales para luego ser desafectados en base a un informe entregado por la inmobiliaria (que contradecía a otro elaborado por el Ministerio de Obras Públicas seis meses antes.
Comunicado
Recurso de Protección Congela Demolición de Villa San Luis
La Corte de Apelaciones de Santiago concedió orden de no innovar ante recurso de protección presentado por la Fundación Villa San Luis. Ante esto, la decisión de demoler el último edificio del Monumento Nacional quedará congelada hasta que la Justicia resuelva. De esta manera se prolonga una disputa que se inició hace dos años.
Este miércoles 11 de septiembre, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un recurso de protección interpuesto por la Fundación Villa San Luis en contra de un resolución del Consejo de Monumentos Nacionales CMN. La resolución, del 26 de agosto, había dado luz verde a la demolición del último edificio de la emblemática Villa, declarada Monumento Nacional en 2017.
El recurso fue presentado por la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales en representación de la Fundación y en contra del Consejo de Monumentos Nacionales “por el acto arbitrario e ilegal de la Resolución Exenta N°2” del organismo. Esta resolución, aprobó la propuesta de la Inmobiliaria Presidente Riesco para intervenir el lugar y autorizó, al mismo tiempo, la demolición del último edificio del Monumento Nacional. Según los abogados patrocinantes, el procedimiento administrativo vulneró derechos fundamentales y el principio de Igualdad Ante la Ley garantizado por la Constitución.
En síntesis, el recurso solicita que se invalide la citada Resolución “y todo el procedimiento que le antecede, para que se realice un nuevo procedimiento en el que se analicen seriamente las propuestas de la Fundación y se encargue un segundo informe, y se decreten medidas de estabilización para el edificio Block N°14”.
Para Jaime Díaz Lavanchy, Presidente de la Fundación Villa San Luis, “El Consejo de Monumentos ha actuado arbitrariamente, durante meses, para favorecer los intereses de una inmobiliaria, en una situación llena de irregularidades que ahora la Justicia deberá investigar”. Díaz agrega que “ahora se abre la esperanza de conservar un sitio de memoria, para el recuerdo de una violación a los Derechos Humanos que nunca ha sido investigada por la Justicia y donde las víctimas no tienen más reparación que la Declaratoria de Monumento Nacional”.
Desde la Fundación, señalan además, que se vieron obligados a presentar acciones legales, puesto que el Consejo de Monumentos no escuchó a la Fundación, pero tampoco al Instituto de Derechos Humanos y a la Cámara de Diputados, que enviaron oficios y recomendaciones que no fueron tomadas en cuenta por el organismo.
En efecto, tras una gestión de la Fundación, del 8 de agosto, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, recomendó al CMN revertir su decisión “porque se habría vulnerado la ley N° 19.880, al no conocer en su mérito diferentes antecedentes aportados por la Fundación”.
Cabe recordar, que la decisión de demoler el último edificio del Monumento Nacional, se tomó el 26 de junio pasado, después de que los consejeros conocieran un estudio contratado por la inmobiliaria dueña del terreno, estudio donde se concluye que el Bloque 14 debe ser demolido por encontrarse en peligro de colapso inminente.
El 30 de Julio, la Fundación presentó su propio estudio al Consejo, para demostrar que el edifico no tiene daños estructurales ni está en peligro de colapso. Este informe, firmado por lo ingenieros Andrés Larraín, Andrés Aguirre y Ramón Montecinos, nunca fue puesto en tabla para ser conocido por los consejeros, lo que podría demostrar, según se lee en el recurso, el proceder arbitrario e ilegal que se denuncia.
