Esta columna fue escrita por Genaro Cuadros, arquitecto y Coordinador General del movimiento Marca AC
Esta es una época donde las cosas aparentemente fáciles no son tan obvias de realizar. Por eso intentar implementarlas justifica, para algunos, el esfuerzo, sin embargo no excusa la mala calidad de su diseño e implementación. El inicio del proceso constituyente ha sido difícil, sostenido en parte por la sociedad civil organizada con el apoyo de algunos parlamentarios, personalidades y ciudadanos de a pie. El despliegue del mismo ha sido aún más difícil, y además, ha sido ilegible.
Y no me refiero a la naturaleza imbricada del diseño e itinerario propuesto desde La Moneda. Nos referimos a estándares mínimos para un debate público. En lo que va del proceso constituyente que recién se inicia parece fundamental cuidar su calidad. Si queremos hacer de él un esfuerzo compartido, el estándar mínimo es que sea entendible, sin censura, sincero y respetuoso de nuestras diferencias.
Por eso una condición, es su legibilidad. Es decir, la posibilidad que todo ciudadano pueda seguir su desarrollo de forma transparente, oportuna y accesible en su comprensión y a sus medios, finalmente que los chilenos entendamos el proceso, y esto no ocurre. Un ejemplo es la campaña de educación cívica anunciada desde la comisión Engel y reiterada con el proceso constituyente, que se modificó por información cívica, hasta ahora insuficiente. Los recursos disponibles son exiguos para crear un clima de diálogo informado en la ciudadanía, condición necesaria para que no solo participen las elites. Cuantos recursos invirtamos es la medida real del interés por la calidad del proceso y su convocatoria.
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La creación del Consejo Ciudadano de Observadores -más allá de su polémica conformación y ausencias- no cuenta hasta el día de hoy con herramientas de comunicación para informar a la ciudadanía las observaciones. Si al rol -ya restringido- que ha escogido el gobierno para este espacio de seguimiento, se suma la inexistencia de herramientas de monitoreo eficaz, se va instalando una sensación de exclusión y opacidad del proceso ¿Conoceremos de forma oportuna las actas y las controversias en debate, y qué atribuciones se tiene para corregir?
Respecto a la metodología y la sinceridad del proceso, se debe aclarar la naturaleza del documento “bases ciudadanas”. ¿Quién definió que la “convergencia deliberativa” era la mejor metodología para conocer lo que la ciudadanía considera pertinente incorporar en las bases ciudadanas? ¿Quiénes van a definir las controversias?
Por último, considerando el Formulario Ciudadano de Ideas previsto, de qué forma se incorporarán a los diálogos los mecanismos de elaboración de la constitución. Ya que el temario propuesto no lo incluye, ignorando la propuesta presidencial. ¿Vamos a un proceso constituyente, cuyo debate ha sido la forma cómo se elabora la constitución, y no está incluido en el temario los cuatro mecanismos?
Finalmente, y porque las cosas simples no son obvias, ¿será posible que se corrija la definición de asamblea constituyente en la página web de gobierno, por una definición imparcial como la que PNUD en su último informe señala, donde “una asamblea constituyente es un órgano colegiado conformado por un grupo de ciudadanos electos por sufragio popular para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo texto y orden constitucional”? Resulta que el respeto es un estándar mínimo para aportar al proceso constituyente, hasta aquí una primera auditoría.