En un plazo de 15 días se responderán los recursos presentados ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para impedir la distribución en los jardines de la Junji del libro Nicolás tiene dos papás.

En total son tres recursos presentados en octubre por un particular, las iglesias evangélicas y la ONG Comunidad y Justicia, que el líder del Movilh, Rolando Jiménez, vincula a la UDI, lo que fue de plano descartado por la organización.

Esto se generó tras cuatro suspensiones y la última de éstas se produjo luego de la inhabilitación del juez destinado a ver la causa.

El abogado Jaime Silva, colaborador del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual -Movilh-, defendió la distribución del libro, recalcando que el Estado deber velar por la formación de las nuevas generaciones “en los valores propios de una sociedad democrática”, reconociendo la existencia de diversas formas de ser familia.

“Es un libro de amor y respeto”, subrayó.

En representación del Movilh, el dirigente Rolando Jiménez acusó a la Iglesia y a la Unión Demócrata Independiente de querer “cercenar la libertad de expresión”, atribuyendo la problemática a una “cuestión ideológica y religiosa de carácter profundamente homofóbico”.

En tanto, desde Comunidad y Justicia aseguraron no estar ligados a la UDI, y que Pablo Urquizar solo actuó como asesor jurídico por un breve tiempo. Sin embargo, mantuvieron que el libro no debe ser distribuido y que la Junji se excedió en sus atribuciones según explicó Cristobal Urquizar, actual asesor legislativo de la agrupación.

La audiencia se inició a las 09:00 horas y los alegatos apuntaban a determinar si el texto corresponde o no a un libro de sexualidad.

Ante la supuesta vinculación con la UDI, la ONG aclara lo siguiente:

La ONG Comunidad y Justicia no tiene ningún vínculo institucional, financiero, ni de ningún tipo, con el partido Unión Democrata Independiente. Tampoco mantiene una relación de asesoría, de representación, ni de ninguna índole, con el señor Pastor Javier Soto.

La ONG Comunidad y Justicia, es una persona jurídica, sin fines de lucro, que se dedica a defender los derechos humanos y le estado de derecho, y que desde el 2013 es parte del registro de Organizaciones de defensa de los derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos.