Escasa adhesión de trabajadores marcó la primera movilización de funcionarios de la salud municipalizada, convocada por la Confusam. El gremio anunció que prepara una “escalada” de movilizaciones de no llegar a un acuerdo con el Gobierno, por un petitorio que -según acusan- no se ha cumplido.
Con el objetivo de convencer al Gobierno para que firme un protocolo de acuerdo con los trabajadores de la salud municipalizada, la Confusam realizó una marcha este miércoles por el centro de Santiago, que reunió a cerca de 300 funcionarios en el bandejón central de la Alameda, quienes marcharon hacia el oriente en dirección al Ministerio de Salud.
Según el presidente del gremio, Esteban Maturana, esta marcha es parte de un grupo de “movilizaciones ascendentes” que realizará el gremio.
Las protestas se realizaron a nivel nacional, con el propósito de exigir al Ejecutivo que impulse avances concretos sobre las demandas del sector, que luego de cuatro meses de presentadas, aún no habrían tenido respuestas por parte de la autoridad.
La movilización de la atención primaria no fue bien recibida en el Ministerio de Salud. La ministra Helia Molina pidió “consecuencia” a la Confusam, considerando que los trabajadores han sostenido reuniones con la autoridad para plantear sus demandas.
La ministra además se mostró preocupada por el impacto que podrían tener las movilizaciones en el sector público, en un momento complicado para la salud, por el alto nivel de consultas por enfermedades respiratorias y considerando, además, que la campaña de invierno del ministerio invita a la gente a acudir a los centros de atención primaria para descongestionar los servicios de urgencia.
Frente a esto, el presidente de la Confusam dijo que para esta ocasión, las atenciones a los usuarios en los consultorios o centros de salud familiar no se vieron afectadas y recordó que no se encuentran en paro, sino que sólo movilizados.
El petitorio contempla mayor financiamiento para la salud municipal, una inyección de recursos per cápita sobre cuatro mil pesos, una nueva política de incentivos, una ley para los trabajadores a honorarios y mejores condiciones para los servicios rurales, entre otros puntos.