El Estado chileno podría enfrentar nuevamente una sanción internacional. Esta vez, por el fallo que absolvió al ejecutivo del Banco Central, Enrique Orellana, de la acusación de violación y abusos sexuales contra sus tres hijas menores de edad.
Y es que el 8 de abril se interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que apunta a la eventual vulneración normas internacionales, entre ellas, la Declaración de los Derechos del Niño.
“La Corte Suprema a nombre del Estado de Chile, vulneró las garantías fundamentales que involucran y protege el derecho al debido proceso de las víctimas y su madre, todos los que además se encuentran en conexión con los derechos de los niños y niñas” dice la denuncia.
Uno de los abogados que elaboró el libelo, Karina Fernández, desde Londres, explicó a la Radio que el cuestionamiento apunta al tribunal máximo del país, porque eliminó pruebas claves que permitieron que Orellana fuera absuelto.
En septiembre del año pasado, el Cuarto Tribunal Oral de Santiago declaró inocente al ejecutivo del Banco Central de los delitos de violación impropia y abusos sexuales en un tercer juicio que se prolongó por tres meses.
Antes, en el segundo proceso, Orellana había sido condenado a 60 años de cárcel, pero la sala penal de la Corte Suprema eliminó tres informes de psicólogas y de un perito testigo que acreditaban la existencia de los ilícitos.
El abogado que representó a la madre de las menores, Fernando Monsalve, no descartó que se pueda ordenar un nuevo juicio.
En tanto, el defensor de Orellana, el abogado Francisco Cox, consideró imposible que se acceda a condenar al Estado chileno y se repita el juicio.
En noviembre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por “demora excesiva” para tramitar la denuncia de un torturado durante la dictadura cívico-militar.
Antes, entre otros fallos, dictó sentencia contra nuestro país por fallos de la Corte Suprema donde aplicó la amnistía y por discriminación contra la jueza Karen Atala.
Si la Comisión encuentra suficientes los antecedentes de la defensa de la ex esposa del ejecutivo del Banco Central, interpone la denuncia ante la Corte dependiente de la OEA.
