El ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, anunció que la próxima semana se presentará ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue la existencia de delito, por la utilización presuntamente fraudulenta de bases de datos de beneficiarios de subsidios habitacionales para inscribir candidaturas presidenciales.
Ello, amparado en el estatuto administrativo, que obliga a todo funcionario público en ejercicio de sus funciones que tenga conocimiento de la existencia de un hecho que pueda revestir el carácter de delito, a realizar la denuncia respectiva.
“La nómina de beneficiarios habitacionales es pública de acuerdo a la ley y la normativa vigente, y es responsabilidad del Minvu subirla a la web. De haber un uso fraudulento, vamos a tomar las acciones legales que correspondan para resguardar a las personas que podrían ser afectadas, ello independiente de las acciones que ellos mismos puedan tomar”, dijo el ministro Rodrigo Pérez.
El titular del Minvu explicó que la Ley de Transparencia 20.285 de 2008, en su artículo 7, establece que se deben hacer públicas las resoluciones de nóminas de beneficiarios de los programas sociales. Lo que también establecen los decretos supremos 01, 49 y 255 de los programas habitacionales para las familias vulnerables, emergentes y de clase media del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Dicha transparencia se justifica en que los datos constituyen antecedentes esenciales para permitir un adecuado control social, respecto a los beneficios otorgados por los órganos de la Administración del Estado, informó el Minvu en un comunicado difundido este viernes.