Un proyecto de ley que tipifique como delito el rechazo injustificado de licencias médicas, prepara el senador Alejandro Navarro, quien revisó casos dramáticos de trabajadores que desde hace un año mantienen permisos impagos y objetados, sin razón evidente.

El relato conmovedor de diferentes trabajadores que cada día copan las oficinas de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) en Concepción, dejan en claro que en algo está fallando el sistema.

Personas con enfermedades que saltan a los ojos y situaciones familiares en extremo vulnerables, que cumplen requisito para acceder a licencias médicas merecidas, su pago y su atención en los plazos legales establecidos, no corren la suerte que debieran. Más allá de problemas de criterio, las autoridades de salud mantienen aquí un vacío profundo.

Tamara Cifuentes debe atender a sus tres hijos y a su esposo postrado luego de un accidente laboral. En el sistema de salud su caso recibe portazo en la cara.

Asimismo, Eduardo García evidenció su problema con un año incluso, de no pagos:

Mientras, la profesora Margarita Villagrán expone una situación personal similar, pero va más allá y mantiene sospechas del porqué no pudieran tener asidero:

Los afectados exigen un mejor trato y acceso a un derecho laboral y de salud. Ante el magro escenario, el senador del MAS, Alejandro Navarro, anunció que prepara un proyecto de ley para tipificar estos rechazos injustificados como delito.

Navarro además, acusó al Ministerio de Salud de perder su rol de garante de la salud pública, favoreciendo a las isapres para la obtención de sus ganancias.