La Fiscalía busca acreditar los delitos de falsificación de instrumento público y falsificación ideológica por las presuntas irregularidades en el Censo 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Ayer, tras declarar durante más de nueve horas ante el fiscal José Morales, el ex director del INE Francisco Labbé recalcó que las bases de datos del Censo 2012 no han sido intervenidas, descartando una posible manipulación del estudio.
Sin embargo, fuentes allegadas a la investigación confirmaron que por las presuntas irregularidades en la medición se evalúa imputar los delitos de falsificación de instrumento público y falsificación ideológica a Labbé y al jefe del Censo 2012 del INE, Eduardo Carrasco.
Ambos, según estas fuentes, serían los responsables de ordenar sumar datos de casas que estaban en construcción y viviendas deshabitadas, no sólo con el género de sus supuestos habitantes, sino con la caracterización: credo religioso, etnia, nivel de ingreso económico, entre otros antecedentes.
Dichos antecedentes indican que estas operaciones llevaron a un aumento de habitantes de hasta un 20% en algunas comunas de la región Metropolitana.
La decisión para formalizar a Labbé y a Carrasco aún no está tomada, ya que restan algunos informes.
Consultado el fiscal a cargo del caso, José Morales, no quiso referirse a una eventual formalización en esta causa.
Luego del interrogatorio de ayerlunes, el abogado del ex director del INE, Jorge Matínez, adelantó que pedirán el sobreseimiento definitivo de su cliente.
