El Quinto Juzgado Civil de Santiago autorizó el cobro y embargo en caso de no pago contra el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano por tres facturas que suman $290 millones. Los documentos fueron emitidos por la empresa Gopa Soluciones y aceptados por el GORE, a pesar de que no estaban asociados a ningún servicio prestado. Desde el organismo regional adelantaron que opondrán excepciones ante el tribunal para invalidar la deuda.
Según denunció el mismo Gobierno Regional el año pasado, la sociedad Gopa Soluciones SpA le emitió facturas por más de $6.500 millones, las que no estaban asociadas a ningún proyecto o servicio, entre enero de 2024 y marzo de 2025. Si bien el GORE no pagó esos documentos, sí los aceptó, lo que permitió que fueran factorizados ante dos compañías.
Una de esas empresas, Boreal Servicios Financieros S.A., interpuso dos demandas contra el organismo, en las que exigió el cobro de tres de las facturas por $290 millones. Luego de rechazar las impugnaciones presentadas por el GORE, esta semana el Quinto Juzgado Civil de Santiago otorgó dos mandamientos de ejecución y embargo contra el Gobierno Regional.
La querella
En marzo del año pasado, el Gobierno Regional interpuso una querella contra la empresa Gopa Soluciones SpA, representada por Arnaldo Alarcón González, y el exfuncionario Carlos Basaletti Alvarado.
El libelo acusaba que Basaletti había aceptado mediante el sistema interno del GORE un total de 61 facturas que no estaban relacionadas a ningún servicio, por $6.547 millones. Así, Gopa había podido factorizar dichos documentos ante dos compañías.
Gran parte de las facturas habían sido cedidas a la financiera Xepelin, que ingresó una querella contra Gopa y la demandó en sede civil por $2.800 millones.
No obstante, tres de las facturas apuntadas por el GORE habían sido factorizadas ante Boreal. En concreto, se trataba de dos documentos con fecha de emisión del 28 de febrero de 2025, por $95.065.729 y $75.715.190, y de otra del 10 de marzo de 2025, por $119.619.161.
Luego de la querella inicial del Gobierno Regional, el exanalista Carlos Basaletti defendió su inocencia en conversación con la Unidad de Investigación de Bío Bío, asegurando que sólo había visado documentos que habían sido previamente autorizados por su jefatura. A día de hoy el exfuncionario mantiene una causa de tutela laboral contra el GORE, la que se encuentra reservada.
GORE argumenta que facturas son “ideológicamente falsas”
Boreal ingresó dos solicitudes de gestión preparatoria en abril del año pasado, para allanar su camino al cobro forzado de las deudas mediante un juicio ejecutivo. Una por las facturas de febrero de 2025, otra por la de marzo de ese año.
En ambas causas, sustanciadas ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago, el Gobierno Regional intentó impugnar la deuda. El GORE basó su argumentación en la falsedad ideológica de los instrumentos. En ese sentido, expuso que los servicios, obras o bienes que se individualizaban en cada factura correspondían a “proyectos inexistentes o estados de pago no efectivos”.
—[La factura de marzo] corresponde a una factura ideológicamente falsa, emitida sin que existiera prestación de servicios o entrega de mercaderías que hubieren sido recibidas por el GORE Metropolitano y la factura no corresponde a ninguna relación contractual con la cedente —acusó el Gobierno Regional, representado por el abogado Marcelo Segura.
Dos de las facturas aparecían justificadas en su descripción como estados de pago del “Salón Bulnes”, y la restante correspondía a un “Cesfam Urzúa”. El GORE sostuvo que jamás había tenido proyectos relacionados con esos nombres.
Además, el Gobierno Regional acusó que los documentos fueron cedidos a Boreal antes de ser aceptados y de contar con el estampe de recibo conforme, por lo que se había infringido la ley que regula la transferencia de facturas.
Tribunal rechaza impugnaciones
Pero la jueza Giselle Sorhaburu rechazó esas alegaciones. En primer lugar, la magistrada sostuvo que en la etapa preparatoria sólo se podía impugnar una factura por la adulteración material del documento y no por falsificación ideológica.
En cuanto a las alegaciones sobre las cesiones, sostuvo que el GORE no realizó objeciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando correspondía, por lo que las facturas quedaron “irrevocablemente aceptadas”.
Tras el fallo, Boreal interpuso ambas demandas ejecutivas, las que fueron acogidas a trámite por la jueza. Junto con ello, la magistrada emitió los mandamientos de ejecución y embargo contra el GORE Metropolitano.
Eso significa que en los próximos días un ministro de fe requerirá al Gobierno Regional el pago de las deudas, más una comisión del 1%, intereses, reajustes y costas del proceso.
Consultados por este tema, desde el Gobierno Regional emitieron una declaración, en la que adelantaron que opondrán excepciones para frenar la ejecución:
—El Gobierno Regional se encuentra dentro de plazo para contestar la demanda ejecutiva y ejercer las acciones legales correspondientes, incluyendo la oposición al cobro —sostuvo el GORE.
El organismo recordó también que “existe actualmente una investigación penal en curso, originada a partir de la querella criminal interpuesta en contra de Gopa Soluciones SpA”.
Declaraciones ante Tricel
En el requerimiento presentado ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para destituir al gobernador Claudio Orrego, se mencionó el “Caso Gopa” como uno de los hechos que, según los denunciantes, constituye un notable abandono de deberes.
El escrito argumentaba que el gobernador omitió su deber de supervigilancia y de ejercer control jerárquico. La defensa de Orrego, en tanto, ha argüido que, por el contrario, el gobernador ejerció todas las acciones que correspondían para proteger el patrimonio del GORE una vez enterado de la situación.
Durante las declaraciones ante el Tricel, distintos testigos fueron interrogados por estos hechos. El abogado Marcelo Segura, por ejemplo, aseguró que había contado con un informe del estudio DLA Piper “como insumo para contestar gestiones preparatorias de la vía ejecutiva”.
También declaró Luz Núñez Rivera, jefa de la Unidad de Control y una de las firmantes de la auditoría interna del GORE por el caso. Según ella, Gopa se aprovechó de una “debilidad en el sistema”:
—El analista autorizaba, pero como las facturas no salían a pago, no pasaba por las alertas de control —explicó.
En tanto, el litigio iniciado por la demanda de Xepelin contra Gopa Soluciones SpA se encuentra en la etapa de término probatorio. El Segundo Juzgado Civil de Santiago fijó como hecho controvertido la “existencia de hechos o circunstancias que privan al título de fuerza ejecutiva”.
El documento cuestionado es un pagaré por $2.833 millones, el que fue elaborado por la misma compañía de factoring una vez que 19 de las facturas de Gopa resultaron impagas. Debido a que la empresa incumplió el contrato que mantenían, la financiera invocó la cláusula decimocuarta del mismo para completar y suscribir el pagaré a nombre de Gopa.
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