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CIDH tiene plazo hasta el 29 de junio para responder por escrito a requerimientos del pueblo mapuche
Publicado por: Natalia Muruaga
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Por dos d√≠as se extendi√≥ la audiencia del juicio que se sigue contra el Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos -con sede en Costa Rica- por el caso ‚ÄúNor√≠n Catriman‚ÄĚ.

Esto luego que el pueblo mapuche acusó a nuestro país por discriminación racial y faltas al debido proceso, por la indebida aplicación de la Ley antiterrorista a dirigentes de Comunidades Mapuche en reivindicación territorial.

Recordemos que entre el 2002 y 2004 una decena de mapuche, entre ellos dos “lonkos” -jefes espirituales y pol√≠ticos de comunidades ind√≠genas- Florencio Jaime Marileo y Victor Ancalaf, fueron juzgados y condenados a penas de entre 5 y 10 a√Īos de prisi√≥n por el incendio de un predio forestal y otros hechos menores, aplic√°ndoles la ley antiterrorista.

Florencio Marileo, manifest√≥ en su declaraci√≥n que sali√≥ en libertad condicional el a√Īo 2010. Sin embargo, desde ese momento no ha encontrado trabajo a causa de sus antecedentes penales por terrorismo. Mientras, V√≠ctor Ancalaf, solicit√≥ disculpas por parte del Gobierno a la comunidad mapuche.

Una de las representantes del pueblo mapuche, Myriam Reyes, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Estado chileno la derogación de la ley antiterrorista, al asegurar que ha sido usada para discriminar al pueblo indígena.

Del mismo modo, en representaci√≥n del Estado chileno intervino Milenco Beltr√°n, abogado, con experiencia acad√©mica, quien busc√≥ demostrar la ‚Äúcompatibilidad‚ÄĚ de la reforma procesal penal en Chile con los est√°ndares internacionales.

Otro de los puntos debatidos durante el juicio, fue el uso de testigo sin rostro como prueba principal para inculpar a los dirigentes, cuya identidad era desconocida ‚Äďen algunos casos incluso por la defensa de los comuneros mapuche-, no siendo posible interrogarlos de acuerdo a los est√°ndares del debido proceso. Algo que fue rebatido por los representantes del Estado.

Sin embargo, esto fue desmentido de modo contundente por el abogado Jaime Madariaga, quien confirm√≥ que en el caso de los lonkos Pichun y Norin si bien se autoriz√≥ dar los nombres de los testigos, se hizo ‚Äúcon prohibici√≥n de entreg√°rsela a sus defendidos‚ÄĚ, cosa que rechazaron por constituir una violaci√≥n de derechos humanos. Solicitando, por lo mismo a la Corte, que ordene reformar la figura de los testigos con identidad reservada.

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