El abogado querellante en el llamado caso tsunami, Raúl Meza, anunció que solicitará que la ex presidenta Michelle Bachelet declare ante la Justicia Naval en el marco de la investigación que se debe realizar por eventuales responsabilidades de uniformados en los hechos que derivaron en la muerte de más de un centenar de personas tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Meza solicitará ante la Corte Marcial de la Armada de Valparaíso, la designación de un ministro en visita para que conozca, investigue y sancione los delitos militares que se habrían cometido por funcionarios de la institución en el ejercicio de sus funciones en las gobernaciones marítimas y capitanías de puerto el 27-F.

El abogado explicó que después de mas tres años de investigación penal, la fiscal regional de la zona Metropolitana Occidente, Solange Huerta, comunicó a los querellantes que remitirán este lunes 18 de marzo, antecedentes al Juzgado Naval de Valparaíso y Talcahuano para que la Justicia Naval se pronuncie sobre eventuales delitos en que habrían incurrido uniformados, declarándose el Ministerio Público incompetente para pronunciarse sobre los ilícitos militares que se habrían cometido.

Asimismo, el abogado querellante informó que se hará parte ante la Justicia Naval mediante una denuncia por el delito de incumplimiento de deberes militares y denegación de auxilio en contra de los funcionarios de la Armada de Chile que resulten responsables. Entre las diligencias probatorias que se solicitarán ante la Justicia Naval está la citación de la ex presidenta Michelle Bachelet, el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Edmundo González, y los imputados en esta causa, Patricio Rosende y Carmen Fernández, para que sean interrogados sobre las acciones y omisiones en que habrían incurrido los funcionarios de la marina el 27 de febrero de 2010.

Se solicitará, además, el careo entre la ex presidenta Bachelet y el almirante González para aclarar las eventuales responsabilidades penales militares que tendría el mando superior de la Armada de Chile por las decisiones que se tomaron por funcionarios de las capitanías de puerto y gobernaciones marítimas, anunció el abogad Meza.