Tras meses de retraso en su inauguración, el ministro Mañalich anunció que el nuevo edificio del Hospital Regional de Rancagua estaría operativo a partir de noviembre de este año. Sin embargo, un preinforme de la Contraloría de la Región de O’Higgins revela que aún existen graves irregularidades en la construcción, lo que posterga su fecha de término a abril de 2014.
El proyecto fue presentado por la ex presidenta Michelle Bachelet como una de las obras más emblemáticas en infraestructura hospitalaria de la región de O’Higgins. Con una inversión cercana a los 70 mil millones de pesos, se proyectaba que el nuevo edificio que albergaría al malogrado Hospital Regional de Rancagua iba a transformar la salud pública de la zona.
Se esperaban piezas con sólo 3 camas y baño incluido, espacios para las familias y separación de áreas de circulación, entre otras modificaciones, en una iniciativa proyectada para mediados de 2012.
Sin embargo, en vez de conocer las nuevas instalaciones, los rancagüinos supieron de un informe en el que la Contraloría Regional determinó una serie de defectos estructurales que afectarían la sustentabilidad del edificio.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, visitó las obras el pasado lunes y calmó los ánimos anunciando como nueva fecha de entrega en noviembre próximo.
Sin embargo, una nueva investigación de la Contraloría establece lo contrario. Según el pre informe al que tuvo acceso exclusivo Radio Bío Bío, el avance de las obras es un 10% menor al planteado por el secretario de Estado, y el término de las obras se estima para varios meses más tarde en abril de 2014.
¿La razón? El documento, que hoy está en manos de los autoridades sanitarias de la zona, insiste en la presencia de graves fallas estructurales.
Así lo confirmó el diputado e integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, quien reconoció haber leído el informe.
Como explicó el parlamentario, la investigación también arroja multas impagas por parte del consorcio concesionario Comsa-OAS-Echeverría Izquierdo, a pesar de que el dictamen emitido en julio pasado los obligaba a cancelar esos dineros.
Recordar que actualmente también la Fiscalía regional tiene en curso una investigación por presuntos delitos de fraude al fisco y estafa en la construcción.
