Las principales ciudades de Argentina permanecían este sábado bajo una fuerte custodia policial y en alerta ante el temor de que se repitan los saqueos a comercios y supermercados del jueves y viernes que dejaron un saldo de dos muertos y cientos de detenidos, mientras el gobierno y la opositora central obrera se culpan mutuamente de los sucesos.

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno reforzó con unos 3.000 policías el patrullaje en la poblada periferia de la capital argentina, donde el viernes se produjeron violentos incidentes en San Fernando, Zárate y Campana, cuando centenares de personas saquearon comercios y supermercados.

Los incidentes dejaron dos muertos en Rosario, la tercera ciudad de país a 300 km al norte de Buenos Aires, donde una mujer murió desangrada por las heridas que le provocó el estallido de una vidriera y un joven falleció por herida de bala, mientras hay otros dos heridos graves, según los reportes policiales.

Un policía permanece en coma tras sufrir hundimiento de cráneo al ser golpeado por saqueadores en San Fernando.

Muchos comerciantes optaron por cerrar sus comercios ante el temor de nuevos ataques, pese a estar en los días de mayor venta por las fechas navideñas.

El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, instruyó a su ministro de Seguridad, Daniel Casal, para “intensificar el patrullaje y la presencia de efectivos en toda la provincia”, dijo este sábado a Radio Mitre.

El secretario de Gobierno de Rosario, Fernando Asegurado, afirmó que la ciudad “regresó a la tranquilidad y pasó una noche sin incidentes”, aunque informó que el operativo especial de seguridad “se mantendrá al menos hasta el 1 de enero”.

“No tenemos nuevos hechos graves que reportar”, dijo el secretario de Seguridad de Santa Fe, Matías Drivet, quien describió la situación como de “tranquilidad relativa”.

El gobierno nacional dispuso el envío de efectivos de Gendarmería Nacional a Rosario para ayudar en las tareas de patrullaje, tras un pedido del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti.

El jefe de Gabinete, Juan Abal Medina deslizó el viernes que los informes recibidos “hablaban de la presencia (en los saqueos) de camioneros”, el gremio que lidera Hugo Moyano, titular de la CGT.

“Si tienen pruebas que nos metan en cana (prisión)”, desafió Moyano al calificar este sábado como “disparate” la acusación, en declaraciones a Radio Mitre.

Moyano estimó que al gobierno “le dolió muchísimo el paro nacional del 20 de noviembre y la movilización (del miércoles a Plaza de Mayo), a la que fue mucha gente a pesar de que lo quieren desvirtuar, (por eso) ponen en funcionamiento toda una maniobra para desprestigiar y descalificar a los dirigentes que no comparten su política”.

Los saqueos se producen en medio de un clima de malestar de varios sectores sociales y sindicatos enfrentados con la presidenta Cristina Kirchner, que se han movilizado en los últimos meses en reclamo de mejoras salariales y contra la inseguridad.

La presidenta permanece en la Patagonia y no se ha pronunciado sobre los sucesos.

Desde la Iglesia Católica, el culto mayoritario del país, el titular de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, consideró que los incidentes “parecen ser operativos organizados tendientes a instalar el tema del descontrol social”.

Reportes policiales señalaron que hubo saqueos e incidentes en distintas ciudades de las provincias de Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones, Córdoba, Chubut y Río Negro.