La organización Amnistía Internacional reclamó este domingo al Estado argentino que garantice justicia en un caso emblemático por trata de personas para explotación sexual, que llegó a los tribunales luego de diez años, y cuyo juicio terminó la semana pasada con la absolución de los 13 imputados, lo que causó marchas de repudio en varias ciudades del país.

“Es fundamental que se envié una señal clara de que este tipo de actos no van a tolerarse, a través de la resolución de este caso y, de manera más amplia, por medio de políticas dirigidas a combatir la trata de mujeres en el país”, sostuvo la organización en un comunicado difundido por su representación en la capital argentina.

La justicia tucumana falló el martes en el juicio por el secuestro de María de los Ángeles ‘Marita’ Verón, ocurrido en abril de 2001 en la capital de Tucumán (noroeste) y absolvió a todos los imputados, en un proceso donde declararon 185 testigos.

“El Estado tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias para que este crimen no quede impune y para que se conozca la verdad de los hechos”, dijo la organización.

Amnistía Internacional recordó que “el Estado Argentino, a través de la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como ‘Convención de Belem do Para’, se comprometió a investigar con debida diligencia y a sancionar la violencia contra la mujer”.

“Esto se debe traducir en una investigación oportuna, exhaustiva, imparcial, independiente y efectiva sobre la desaparición de ‘Marita’ Verón y sobre cómo operan las redes de trata en el país”, afirmó.

La organización respaldó a la madre de la víctima, Susana Trimarco, y pidió al gobierno argentino “garantizar su protección y la de todos los testigos en este proceso”.

Trimarco reveló este domingo que el lunes se reunirá con la presidenta Cristina Kirchner en la sede gubernamental.

El jefe de Gabinete, Juan “Abal Medina, me dijo que la presidenta quiere hablar conmigo”, dijo la mujer que investigó las redes de prostitución y logró recuperar a unas cien jóvenes esclavizadas, según atestiguó en el juicio.

La Iglesia Católica, el culto mayoritario de Argentina, también expresó su preocupación por este flagelo “que tiene expresiones concretas en Tucumán (pero está) extendido en todo el país”, según dijo al diario Clarín el presidente de la Comisión Episcopal, monseñor Jorge Lozano.

El gobierno llamó a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional para habilitar la modificación de la Ley sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas aprobada en 2008, en un debate que comenzará esta semana.