Los centros de atención a drogodependientes en Bogotá podrían suministrar estupefacientes incautados a grupos de narcotraficantes o bien adquiridos de forma legal a laboratorios extranjeros, afirmó este lunes el alcalde Gustavo Petro.

La capital colombiana inauguró la semana pasada sus dos primeros centros móviles de atención a adictos en zonas con altos niveles de pobreza y marginalidad, que únicamente incluyen el suministro de drogas legales sustitutorias por prescripción médica.

El alcalde Petro, exsenador de izquierda y exguerrillero, aspira a que en los próximos meses esté en condiciones de habilitar instalaciones para que los adictos puedan consumir drogas ilegales bajo supervisión médica, una iniciativa para la que busca autorización del gobierno nacional.

La alcaldía tendría dos vías para adquirir la droga. Por un lado podría proceder de “las incautaciones que hace la policía, siempre y cuando pasen por un laboratorio certificado por el Estado” que garantice que el estupefaciente esté en buen estado, explicó Petro en una entrevista con la radio privada La FM.

Esta opción no tendría un costo excesivo, por ser Colombia uno de los principales productores de cocaína y otras drogas, una parte de las cuales es confiscada por sus fuerzas de seguridad, señaló.

La segunda alternativa es comprar la droga “en el exterior a laboratorios que lo hacen legalmente, en los mismos Estados Unidos, y que podría ser importada con fines terapéuticos”, señaló.

Petro defiende que este tipo de tratamientos, novedosos en América Latina, se vienen aplicando “exitosamente” desde hace más de 25 años en decenas de ciudades del mundo para reducir el daño que causa el uso de las drogas en los adictos.

Serían “sitios absolutamente limpios, donde un personal estatal, a veces son ONG muy certificadas, les permiten a esas personas estar allí y consumir”. explicó.

La propuesta ha sido criticada por políticos de diversos sectores y por el procurador general Alejandro Ordóñez, que consideran que promueve el consumo de droga.

Una ley sancionada en julio en Colombia estableció que la adicción a las drogas debe ser considerada como un problema de salud pública, y los consumidores tratados como pacientes y no como delincuentes.