El Consejo de Defensa del Estado aceptó negociar con egresados y ex alumnos de la carrera de perito forense que demandaron a la UTEM por publicidad engañosa para llegar a un eventual acuerdo indemnizatorio.

Esta mañana y por tres horas se desarrolló la audiencia de conciliación en el primer juzgado civil de Santiago, entre la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Gladys Illanes, que representa a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y el abogado Juan Pablo Crisóstomo, defensor de cerca de dos mil egresados y ex alumnos de la carrera de Criminalística o Perito Forense.

Estos estudiantes, en el año 2007, presentaron una demanda de interés colectivo contra la casa de estudios por publicidad engañosa, al comprobar que no tenían el campo laboral ofrecido.

En el acta de acuerdo, firmada por la jueza Marcela Sandoval Echeverría, los demandantes se comprometieron a presentar una propuesta de indemnización para cada afectado antes del 25 de septiembre, la que será tramitada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) que se hizo parte en el proceso y que estuvo representado en esta audiencia por la directora jurídica del organismo, Carolina Norambuena.

La propuesta de los egresados y ex alumnos de Criminalística de la UTEM deberá ser evaluada por los entes técnicos del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Luego los consejeros del ente fiscal tendrán que fijar los montos de indemnización para cada demandante, valores que serán revelados en una nueva audiencia de conciliación que quedó fijada por el tribunal para el próximo 5 de noviembre.

El abogado Juan Pablo Crisóstomo, adelantó que junto a los ex estudiantes ya han estimando un monto de indemnización que fija tres millones de pesos por año cursado para cada alumno.

Juan Carlos Carrero, ex alumno de Criminalística, que cursó tres años de esta carrera, destacó que están abiertos a negociar y conscientes de que podrían bajar sus pretensiones.

Otra de las demandantes, Jocelyn Hueico, adelantó que después exigirán indemnizaciones por daño moral.

El conflicto comenzó a fines del año 2007 cuando el Ministerio Público, Carabineros y la PDI, en comunicados institucionales, aclararon que los profesionales de Criminalística o Peritos Forenses no estaban acreditados para cumplir funciones en estos organismos públicos.