El Congreso de Ecuador inició el martes el debate final de un cuestionado proyecto de ley para regular a los medios, en momentos en que arrecia la pugna entre el presidente Rafael Correa y un sector de la prensa al que acusa de intentar desestabilizarlo.

La sesión empezó tras varios intentos para cambiar el orden del día por parte de opositores, que denuncian la iniciativa del oficialismo de izquierda como un atentado contra la libertad de expresión.

No hay un estimado de cuándo se votaría el texto, cuya aprobación requiere el apoyo de 63 de los 124 miembros de la Asamblea unicameral en este segundo debate. La primera discusión en el pleno tuvo lugar el 5 de enero de 2010.

El movimiento Alianza País -en el gobierno- cuenta con al menos 55 apoyos, según fuentes legislativas, por lo que necesitaría ocho votos de asambleístas independientes para aprobar la ley.

El informe para segundo debate fue avalado a finales de julio último, y prevé un consejo que regularía contenidos y ordenaría rectificaciones a los medios de comunicación.

Ese documento incluye otras cuestiones como la regulación o prohibición de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales; la conformación y alcances del consejo regulador, y responsabilidad ulterior.

El diputado opositor César Montúfar propuso archivar el proyecto, aduciendo que constituye un “grave atentado contra la libertad de expresión”, pues a su juicio plantea la “censura previa” para la prensa, según dijo a la AFP.

Esa posición fue refutada por Mauro Andino, presidente de la comisión parlamentaria de Comunicación, quien sostuvo que las denuncias de Montúfar son “una falacia”.

“Se quiere tergiversar y engañar no solo al pueblo ecuatoriano sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dijo Andino.

“En Ecuador hay gente que se dedica al periodismo y esconde sus ambiciones políticas”, anotó Fernando Vélez, aliado del oficialismo, en coincidencia con Correa, que mantiene un agrio enfrentamiento con un sector de la prensa al que acusa de hacer activismo político en favor de poderes dominantes.

La pugna se agudizó luego de que el 25 de octubre la ONG Fundamedios y varios periodistas denunciaran ante la CIDH en Washington la proliferación de procesos judiciales en su contra, en medio de una “sistemática política de acoso” del gobierno contra la prensa.

Uno de los casos mencionados fue el del diario El Universo, cuyos tres directivos y un ex editor fueron condenados en segunda instancia, el 20 de septiembre, a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares en una demanda por injuria del mandatario.

La sentencia fue apelada ante la Corte Nacional de Justicia, y se refiere a un artículo en que el periodista Emilio Palacio llamó “dictador” a Correa y le advirtió que podría ser procesado por crímenes de lesa humanidad a raíz de hechos suscitados durante una rebelión policial del 30 de septiembre de 2010.

En respuesta, el Ejecutivo ecuatoriano, que también asistió a la audiencia en Washington, difundió una semana más tarde cadenas de radio y televisión cuestionando a sus acusadores, lo que fue rechazado por la CIDH.

Las críticas del ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) molestaron a Correa, que lo acusó de abusar de sus funciones y anunció que planteará un “cambio radical” al sistema interamericano en foros regionales.

La elaboración de una ley de comunicación está prevista por la Constitución de 2008 y fue ratificada en un referendo ganado por Correa el pasado 7 de mayo, en el cual los ecuatorianos respaldaron una prohibición para que los medios y la banca tengan inversiones fuera de sus ámbitos.