La justicia argentina ordenó la captura internacional del juez Otilio Romano, quien se encuentra en Chile, actualmente involucrado en 103 casos delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura trasandina.
La medida anunciada por el Juez Federal de Mendoza, Walter Bento, tiene una condicionante fundamental para hacer efectiva la detención, la cual es que el juez Otilio Romano sólo será enjuiciado cuando sea destituido de su cargo por el jurado.
Medida de la justicia argentina, que la Presidenta del país, Cristina Fernández, solicitó a su embajador en Chile no sea intercedida por el consulado, para así no involucrar en nada a los gobiernos de ambos países.
Reacción del Ejecutivo argentino que el diputado socialista y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Marcelo Díaz, encontró apropiada debido a la complejidad del caso.
Quien también dijo estar de acuerdo con la medida es el analista internacional Cristián Fuentes, quién consideró que la vía jurídica es la mejor forma para solucionar el caso y así no politizar el tema que podrían dañar las relaciones bilaterales.
Otilio Romano presentó el 1 de septiembre la solicitud de asilo político en Chile, a lo que el Consejo de la Magistratura Argentino resolvió retenerle el salario y suspenderlo de su función de juez, tras concluir que está evadiendo el proceso judicial en su contra como “partícipe primario y necesario” en el secuestro, tortura, homicidio y desaparición de más de un centenar de personas.
