Los municipios de la Región del Bío-Bío llevarán a la justicia el dictamen de la Contraloría, que obliga a 282 municipalidades a devolver millonarias sumas de dinero al fisco por pagos irregulares a funcionarios y alcaldes.
Luego que esta semana se conociera el oficio del órgano contralor que obliga a más de 250 municipios a reintegrar los recursos que entregaron a sus trabajadores por concepto de una ley que data del año 1981 y que a juicio de la Contraloría está prescrita, los ediles no desconocen su preocupación.
El Presidente Regional Bío-Bío de la Asociación de Municipios, Marcelo Rivera, explicó que su municipalidad nunca realizó estos pagos al igual que otros alcaldes, pero no por eso dejan de considerar que la legislación en cuestión es absolutamente ambigua.
Respecto a los pasos a seguir señaló que es necesario llegar a una acuerdo, ya que ningún funcionario está en condición de devolver plata, menos los municipios que presentan serios problemas económicos. Rivera añadió que estudian el camino judicial para revertir el dictamen.
Los casos más dramáticos de la Región de Bío-Bío, Los Ángeles con 457 millones de pesos, San Pedro de Paz con 222 y Chiguayante con 214. A nivel nacional la Contraloría espera la devolución de 14 mil millones.
