Nuevamente a la Corte Suprema llegará el polémico remate del fundo Curaco Alto, terreno que pertenecía a la empresa Hera Bío-Bío y que terminó en poder del esposo de la Intendenta de la Región del Bío-Bío.

Imagen: Rafa Calero en Flickr

Imagen: Rafa Calero en Flickr

Nadie quiere rendirse en este caso, donde por una deuda de 500 mil pesos, el fundo del Hera Bío-Bío, ubicado en Tomé y avaluado en 300 millones de pesos- fue rematado en sólo 21 millones y el único oferente fue el empresario Mauricio Pavez, esposo de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe.

De ahí, la empresa recurrió a la Justicia para impugnar el remate y la inscripción del fundo a nombre de Pavez, causa que ganó, pero que luego la Corte Suprema revirtió, indicando que todo estaba en regla y que el terreno era legalmente del esposo de la Intendenta.

Pero no fue la última batalla, porque Hera Bío-Bío recurrió a la Corte de Apelaciones de Concepción, cuestionando el trabajo del juez de Tomé, Sebastián Alvarez, quien no habría cumplido con las formas de un proceso como informar a la defensa de la empresa de la resolución de remate y por no publicar este en un diario de difusión masiva.

La Corte penquista estuvo de acuerdo con este argumento y ordenó retrasar la causa a casi fojas cero, anular el remate y sacar al juez Alvarez del juicio.

Ahora la defensa del Mauricio Pavez volvió a recurrir a la Corte Suprema, indicando que los ministros de Concepción no valoraron adecuadamente los antecedentes e insistiendo en que el remate está en regla.

Eso en lo judicial, porque desde el interior de Hera Bío-Bío indican que han recibido advertencias desde su contraparte, advertencias relativas al futuro del relleno sanitario que pretenden construir en el disputado Fundo Curaco, proyecto que les recordaron debe pasar por la aprobación de la Corema, organismo que también le recordaron, es encabezado por la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe.