Como una resolución “errónea” calificó el fiscal nacional Sabas Chahuán, la negativa de la justicia de levantar el secreto bancario de supuestos integrantes de grupos anarquistas, ligados a la instalación de bombas en el país.
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Los dichos de la máxima autoridad del Ministerio Público surgen en base a los recursos judiciales que la Fiscalía Sur presentó en contra de los jueces del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, tras su negativa a alzar el secreto bancario de personas que recibirían dineros desde el extranjero para efectuar estas actividades subversivas.
Los magistrados Daniel Aravena y Sergio Córdova, impugnaron la petición del equipo encabezado por el fiscal Alejandro Peña, en base a que faltaban antecedentes para invadir la privacidad del supuesto nexo que los grupos anarquistas mantienen en el exterior.
Al respecto, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, respaldó las presentaciones efectuadas por perseguidores, ya que la resolución judicial sería errónea.
Consultado al respecto, el jefe de la Zona Oriente, Xavier Armendáriz, quien hasta el 14 de junio llevaba adelante esta investigación, afirmó que jamás mantuvo algún tipo de conflicto con los jueces del citado tribunal.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, salió al paso de esta polémica, entregando su respaldo a la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público.
Esta situación que no es vista con buenos ojos por los defensores penales públicos, quienes aseguran que intentar inhabilitar a magistrados, no es la vía para conseguir recursos de esta índole.
Producto de esta disputa, el pasado 22 de julio la Corte de Apelaciones capitalina acogió a trámite la recusación en contra de los jueces, y se pidió a ambos un informe que deberán evacuar a la brevedad. Mientras tanto, ambos magistrados están inhabilitados para dictar resoluciones en esta causa.
En el marco de esta investigación, la Fiscalía Sur mantiene medidas de vigilancia contra 25 sospechosos de participar en la elaboración y colocación de artefactos explosivos.
Sumado a ello, el pasado 9 de julio, se logró privar de libertad a Roberto Gajardo Rubilar, formalizado por el delito de “colocación de elementos explosivos en grado de tentado”, por lo que permanece recluido en la Cárcel de Alta Seguridad.
