La Contraloría reveló la existencia de 244 procesos abiertos por supuestas irregularidades en el uso de dineros fiscales en diversas reparticiones públicas y municipios del país.
Desde el Oficialismo culparon la falta de fiscalización del anterior Gobierno, mientras que desde el bloque opositor acusaron una campaña mediática para dañar la imagen de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Los llamados “juicios de cuentas” que la Contraloría General de la República mantiene abiertos desde el 2008 suman 333, de los cuales 244 se mantienen aún vigentes, y la cantidad de dinero empleado de manera dudosa supera los tres mil 500 millones de pesos.
Entre estos aspectos administrativos que continúan en investigación por el organismo contralor, se da cuenta del uso irregular de dineros de reparticiones públicas como Fonasa, donde el ex director, Hernán Monasterio, solidarizaría con otros ex funcionarios, por lo que devolvería $45 millones de pesos, según el diario La Segunda.
Otra de las reparticiones que habría destinado dineros de modo irregular fue la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabast, en la cual se investiga el gasto de más de cuatro mil millones de pesos en restaurantes, durante tres meses del año 2007.
Es por esta razón que el diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemíl calificó como una situación “escándalosa de despilfarro” de los recursos de todos los chilenos.
Otro de los antecedentes indagados compete al Registro Civil, donde su ex director, Guillermo Arenas, tendría que pagar 130 cajas de vino avaluadas en un millón 600 mil pesos.
Situación que a juicio del diputado de la UDI, Gustavo Hasbún, deja de manifiesto la “cultura de la corrupción” que afectó a la Concertación, los cuales, a su juicio, deben ser indagados por su carácter irregular.
Desde la Oposición, la presidenta del PPD Adriada Muñoz, acusó un manejo político al difundir este tipo de informaciones, ya que dijo, desde su partido y en la Concertación han estado dispuestos a colaborar con las investigaciones formales.
Y es que las reparticiones públicas no son las únicas que se mantienen bajo la mirada atenta de la Contraloría, ya que 70 municipios estarían siendo indagados por emplear de manera irregular sus dineros.
En las investigaciones del ente contralor, el ítem que compete a los municipios se traduce en un 34 por ciento de los dineros reparados, lo que equivale a mil 356 millones de pesos.
En este sentido, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, aseguró que ellos no efectúan defensas corporativas, ya que están dispuestos a cooperar para esclarecer estos hechos.
En el marco de estas investigaciones las absoluciones suman 53 casos, que equivalen a 232 millones de pesos cuestionados, según La Segunda. Por el contrario, las condenas por irregularidades suman 36 y equivalen a 184 millones de pesos.
En cuanto a los plazos, una investigación de esta índole -dependiendo de la envergadura de las denuncias- pueden llegar a tardar dos años, ya que para ello la Contraloría debe seguir, al menos, 14 pasos distintos.
