El Gobierno se refirió al fallo del séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que dejó con firma mensual o apercibidas a 43 de las 44 personas detenidas el martes, por presuntos desórdenes públicos en Plaza Baquedano.
Según la versión de Carabineros, gracias a una “nueva táctica” se logró detener a estos manifestantes que se enfrentaban con Fuerzas Especiales, que fueron catalogados como “primera línea”.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que como Gobierno respetan la decisión de los tribunales de Justicia, pero que no comparten la resolución del tribunal.
“Nosotros respetamos los fallos del Poder Judicial, sin embargo no compartimos en este caso la solución, porque creemos que es necesario tener señales claras en contra de la violencia, porque la verdad que aquí hay violencia, hubo generación de incendios en buses del Transantiago, hubo ataques con piedras, ataques a la autoridad, a Carabineros de Chile”, sostuvo.
Sólo una persona, que cumple condena por robo con violencia, quedó en prisión preventiva, aunque con una fianza fijada en 250 mil pesos.
El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, también se refirió al caso, afirmando que la supuesta pertenencia a la llamada “primera línea” no es un delito, destacando la baja penalidad que tiene el delito de desórdenes públicos.
“El hecho de formar parte de una primera línea en sí, no es constitutivo de delito. El delito de daños, los desórdenes públicos son ilícitos penales con escasa sanción, entonces no podemos los jueces dejarlos privados de libertad”, opinó.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, respaldó el trabajo del Ministerio Público, que solicitó prisión preventiva sólo para la persona que efectivamente quedó con esa medida cautelar.
“Solicitamos la prisión preventiva, ya que es la más intensa de todas las medidas cautelares, en aquellos casos en que existe justificación para ello, tanto en cuanto se trate de una conducta particularmente grave o cuando se trate de personas que tienen antecedentes penales”, explicó.
Desde el Gobierno señalaron que apelarán a la decisión de Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Van Rysselberghe pide “valorar” labor de Carabineros
Los dichos del presidente de la Suprema no cayeron bien al interior de la UDI. Su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que no es una buena señal para el trabajo que realiza Carabineros.
“Los ‘primera línea’ están en los ataques y en los destrozos, por lo tanto no nos parecen las declaraciones del ministro Silva”, señaló en diálogo con BioBioChile.
“No es valorar el trabajo que están haciendo Carabineros, deteniendo a estas personas”, agregó la timonel gremialista.
Su par de RN, Mario Desbordes, evitó ser tan tajante asegurando que “no es un delito pertenecer a la primera línea si es que se limitan a manifestarse pacíficamente. La primera línea por sí misma no es sinónimo de delitos, sí son delitos el tirar bombas molotov, el incendiar, el destruir, incluso el agredir a la policía”.
“Uno no puede pretender que todo el que está en la primera línea es delincuente”, puntualizó, aunque de todas maneras reconoció que “en una manifestación me costaría estar parado al lado de alguien que está lanzando bombas incendiarias, incluso con ácido, con la intención de matar o de quemar a otra persona, y por lo tanto también es cuestionable aquellos que están dispuestos a estar parados al lado de los que lo hacen”.
De todas formas, Desbordes concluyó opinando que “ojalá no estuviéramos discutiendo lo de la primera línea, ojalá tuviéramos solo manifestantes pacíficos en las calles”.
Oposición respaldó dichos de la Suprema
Desde la oposición, en tanto, el senador PPD Felipe Harboe, coincidió con los dichos del presidente del máximo tribunal del país.
“Me parece una opinión muy acertada jurídicamente, pertenecer a una primera línea no es un delito en sí mismo. Tal como lo dijo el presidente de la Corte Suprema, si algún integrante de esa primera línea o no comete un delito, eso es otra cosa”, afirmó a BBCL.
“Yo creo que es muy importante aclarar que la Fiscalía lo que debe perseguir son delitos y personas que cometen delitos, no organizaciones, ni grupos”, agregó.
La diputada del Partido Comunes, Claudia Mix, respaldó también las declaraciones del ministro Silva, según señaló en contacto con BioBioChile.
“El presidente de la Corte Suprema desmiente al gobierno y a la derecha sobre el legítimo derecho a manifestarse. El show que criminaliza el movimiento social se acabó”, enfatizó la parlamentaria del Frente Amplio.
“Guillermo Silva dice ‘no más’ a la pésima estrategia del gobierno de Sebastián Piñera”, concluyó.
