La situación del cobro de pensiones se está transformando en algo insostenible. El legislador no contempló la falta de recursos humanos, para ejecutar los mecanismos para establecer la existencia de deudas de pensión de alimentos. Hoy los tribunales se demoran meses en dar un apremio.
En Chile, los tribunales de familia se están enfrentando a un colapso gigantesco. La reciente ampliación en la legislación sobre el cobro de pensiones alimenticias, aunque bien intencionada, ha mostrado las fisuras de un sistema que no fue adecuadamente preparado para implementar estos cambios.
La ley no solo aumentó las opciones para exigir el pago, sino que también complicó el proceso para establecer la existencia y cuantía de las deudas alimenticias, y en ningún caso tomó en cuenta lo que esto significaría en la carga laboral de los tribunales.
La gestión de las obligaciones incumplidas
El corazón del problema no reside en la falta de fuentes de pago, sino en el mecanismo administrativo y judicial destinado a gestionar estas obligaciones. Los abogados de familia y los usuarios de los tribunales están experimentando retrasos significativos y frustraciones constantes.
Un claro ejemplo de esto, es que las solicitudes de liquidación de deuda presentadas en febrero no son procesadas hasta junio, debido a que el tribunal aún está resolviendo casos de diciembre del año anterior.
Otro caso -aún más alarmante- se da en otro Tribunal de Santiago, donde los procesos pueden extenderse hasta ocho meses debido a la necesidad de actualizar repetidamente las liquidaciones de deuda, generando un círculo vicioso de demoras y correcciones.
Falta de recursos humanos y técnicos
Esta crisis es fundamentalmente un problema administrativo que revela una falta de previsión en cuanto a los recursos humanos y técnicos necesarios para manejar el aumento en la carga de trabajo. Esta ley si bien contempla la contratación de personal, se ha demostrado en la práctica que este es insuficiente ya que el sistema se ve desbordado por requerimientos que superan su capacidad operativa.
Fundación Pro Bono, en su misión de disminuir la brecha en el acceso a la justicia, observa con preocupación cómo estas deficiencias impactan negativamente en los más vulnerables. El acceso a la justicia no puede ser un privilegio de quienes pueden esperar meses o incluso años por una resolución; debe ser un derecho garantizado y efectivo para todos. Y de nada sirve tener más mecanismos de cumplimiento, si llegar a ellos será difícil.
Es crucial que el legislador y el ejecutivo tomen nota de estas deficiencias.
Deben considerar no solo las implicaciones legales de las nuevas leyes, sino también la infraestructura necesaria para implementarlas adecuadamente. Se necesita con urgencia más inversión en recursos humanos que permita al Poder Judicial cumplir efectivamente con su función.
Esto no debería verse como un gasto, sino como una inversión en la estabilidad social y en el fortalecimiento de nuestras instituciones judiciales.
La promesa de una ley no reside solo en su letra, sino en su capacidad de ser implementada de manera justa y eficiente. El Estado debe asegurarse de que las reformas legales vayan acompañadas de los recursos necesarios para su aplicación. Solo así podremos evitar que la demora en los tribunales se convierta en una denegación de justicia para quienes dependen de estos servicios para resolver situaciones críticas en sus vidas.
