De manera unánime fue aprobada la propuesta económica con la que Subus pretende comenzar su reorganización financiera, la que de no haber sido aceptada habría iniciado el proceso de liquidación.
En el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago se entregaron detalles del acuerdo, pero uno de los asuntos que continúa en la espera es la revisión excepcional de los contratos que tiene que entregar el Ministerio de Transportes y que define un salvataje económico del Gobierno.
Como resultado de la revisión excepcional, la empresa busca que el ministerio apruebe el reajuste de pago por pasajero a 900 pesos, cifras que serán revisadas mientras avanza el proceso.
De hecho, hasta el 30 de noviembre la comisión de acreedores esperará conclusiones de la revisión. La jueza a cargo, Rocío Pérez Gamboa, señaló que de no ser aprobada se podría paralizar este acuerdo alcanzado.
Boris Guerrero, presidente del sindicato de trabajadores de Subus, criticó que desde el Gobierno no se haya zanjado este asunto en la audiencia.
Mediante un comunicado, la Dirección de Transporte Público Metropolitano (DTPM) afirmó que la decisión “demuestra que tanto para Subus como para sus acreedores existen las condiciones necesarias para cumplir de manera correcta y oportuna el contrato de concesión, y así entregar un servicio óptimo a los usuarios del Transporte Público”.
Sobre los plazos entregados y posibles presiones que quiera ejercer la empresa con esto, el director del DTPM, Guillermo Muñoz, lo descartó, asegurando que es totalmente posible cerrar el trato en esa fecha.
Además de la aprobación, los acreedores confirmaron a Enrique Ortiz D’Amico como interventor de la empresa, quien estará a cargo del cumplimiento de pagos acordados, y que ya fue veedor del proceso, introduciendo modificaciones a la propuesta original.
