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Colegio de Profesores denunció despido irregular de docentes del INBA por protestas

CONTEXTO | Francisco Castillo | Agencia UNO
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El Colegio de Profesores denunció el despido de dos docentes del Internado Nacional Barros Arana, quienes fueron desafectados de sus funciones por un sumario que ha durado más de un año.

Se trata de Gema Montiel y Antonio Mondaca, quienes fueron sumariados por el DEAM de Santiago luego de las movilizaciones estudiantiles del año 2014.

Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, señaló que “lo más lamentable es que en este proceso sumarial que se postergó demasiado, se presentan varios vicios de procedimiento. Lamentamos que se produzcan estos despidos, nosotros creemos que no es el camino para superar los problemas“.

“Solicitamos de forma muy clara a la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, a que estos colegas sean reincorporados y que esta resolución quede sin efecto buscando un diálogo para resolver este problema, de lo contrario vamos a hacer una presentación a la Contraloría”.

Por su parte, el presidente (s) del Consejo Gremial del INBA, Esteban Abarca, aseguró que “nos encontramos con una autoridad intransigente, la verdad es que nos descolocó en su momento el inicio de este escenario. Gracias a las movilizaciones hemos tenido dos audiencias con la señora Tohá para plantearle que el daño que se está haciendo a la comunidad es terrible“.

Una de las profesaras despedidas, Gema Montiel, manifestó que “las acusaciones tienen que ver con una evidencia de un vicio desde el principio, porque el estatuto administrativo dice claramente que no se puede hacer ninguna acusación basada en el anónimo, y así partió nuestro sumario.

Desde la Dirección de Educación de Santiago explicaron que el sumario “tuvo su origen en una denuncia del Centro de Padres del establecimiento a fines de 2014, acompañando un legajo de más de 230 páginas con la reproducción de conversaciones de un grupo de la aplicación de Whatsapp, integrado por alumnos del INBA y dos profesores asesores del Centro de Alumnos de entonces, reclamando que dichos docentes se relacionaban con los alumnos y buscaban influir en sus acciones de una forma impropia dada su condición de docentes y funcionarios públicos“.

Se pudo comprobar que los mencionados docentes efectivamente, mediante un lenguaje grosero y desmedido, junto con insultar a directivos del establecimiento e incluso a otros colegas profesores, incitaban a los alumnos a iniciar tomas del establecimiento, a retomarlo en caso de desalojo, a buscar la destitución de la directora y lo que es más grave aún, a agredir a funcionarios municipales“.

Junto con eso aseguraron que “el Estatuto Docente no establece ninguna sanción disciplinaria que no sea la destitución del cargo del profesor involucrado, siendo entonces ésta la única medida a aplicar en caso de demostrarse su responsabilidad administrativa, como ocurrió en este caso”.

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