Una demanda laboral, exigiendo el pago de sueldos y cotizaciones adeudadas, presentaron los trabajadores de Puerto Marina, tras la salida del país del concesionario Juan Latrach. Se trata de la primera acción legal contra el empresario, contra quien clientes del centro de eventos evalúan además una denuncia por estafa.

La crisis de Puerto Marina se desató luego que Juan Latrach abandonara el país y viajara a Centroamérica, según los trabajadores del centro de eventos de Talcahuano, con varios millones de pesos, dineros que corresponderían a sueldos no cancelados y también de clientes que contrataron eventos, entre ellos fiestas de matrimonio programadas incluso para el próximo año.

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Francisco Ugarte, abogado de los empleados hoy sin su fuente laboral, puntualizó que con la demanda ingresada en el Juzgado del Trabajo de Concepción se busca “pedir que se paguen todas las prestaciones que se adeudan, sueldos impagos de septiembre y octubre, también cotizaciones que están declaradas por menor monto. Hay contratos que están pactados con profesionales, hasta el 31 de agosto de 2017”, detalló.

Esta es la primera de las acciones legales anunciadas tras la desaparición de Latrach, a quien ya se compara con Rafael Garay, por la coincidencia en la repentina salida del país del concesionario.

Quien también anunció una denuncia por estafa, pero criminal, es un cliente que contrató su fiesta de matrimonio, adelantando al empresario el 50 por ciento del contrato, unos 12 millones de pesos.

“Se va a hacer una denuncia en contra de Juan Latrach como persona, y lo más probable que contra la productora, porque además tiene otros socios y asumo que la sociedad tendrá que responder por esto”, señaló el afectado que pidió mantener en reserva su identidad.

La demanda de los trabajadores, en tanto, apunta como responsables a la productora que concesionaba Puerto Marina, propiedad de Latrach, pero también a Marina del Sol, en cuyas instalaciones funciona el centro de eventos.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)