El Consejo de Defensa del Estado (CDE) recibió los antecedentes entregados por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) respecto a las irregularidades señaladas por Contraloría General de La República (CGR), en relación a los recursos financieros del Fondo de Administración Pesquero (FAP) transferidos por la Subpesca a organizaciones del sector artesanal y al Sence, entre los años 2012 y 2016.

En concreto, el informe final de la CGR -al que tuvo acceso BioBioChile- indagó cerca de 4 mil millones y cuestionó una serie de viajes, giras “internacionales”, informes plagiados de internet y asesorías en favor de familiares de los líderes de algunas entidades gremiales.

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De acuerdo a un comunicado de la Subpesca, emitido tras la publicación, “todos los antecedentes fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado con el objeto de recuperar los montos objetados”, por lo que se encuentran a la espera de los resultados de dichas gestiones.

Eso sí, de acuerdo a una fuente cercana a la entidad, los antecedentes fueron remitidos al CDE pese a las persistentes presiones que habrían recibido desde las entidades gremiales cuestionadas en el informe: el Consejo Regional de Pesca Artesanal (Corepa) y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach).

Pese a ello, dicha subsecretaría ya instruyó un proceso disciplinario para determinar si existen o no responsabilidades administrativas. Y por su parte, tras la recepción de los antecedentes, en el CDE señalaron que éstos “están siendo estudiados para definir las eventuales acciones a seguir”.

Al respecto, y consultado sobre el tema, el Director del Fondo de Administración Pesquera (FAP), José Luis de la Fuente, aseguró que el tema esta siendo investigado para sancionar a los responsables.

“Como fondo, enviamos anualmente el listado de los cursos, los cuales son trabajados con los beneficiarios para luego hacer las postulaciones de los seleccionados. Estamos trabajando junto a Sence para dilucidar el tema y esperamos a la brevedad tener claridad de los hechos”, sostuvo.

Aunque los recursos que implican al Sence sólo consideran cerca de 2.200 millones de pesos, que según Contraloría no se ajustan a las respectivas leyes de presupuestos. Mientras tanto, los 1.200 millones de pesos restantes apuntan a Fondos de Fortalecimiento que son asignados directamente a las entidades gremiales de la pesca artesanal para facilitar su operación.

En ese apartado es que se cuestiona el uso de los recursos viajes, giras “internacionales”, informes plagiados de internet y asesorías en favor de familiares de los líderes de algunas entidades gremiales.