Entre el 7 y el 11 de noviembre se llevó a cabo el encuentro plenario de la Conferencia Episcopal de Chile, que no sólo terminó con la inesperada elección del obispo Santiago Silva como presidente, sino que dio luces de un “nuevo estilo” en la manera de plantearse ante la ciuadadanía.
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Así lo considera en su editorial la revista Libertad y Reflexión, que destacó el inicio de las conversaciones entre las agrupaciones de laicos en Osorno y el episcopado, en torno a la permanencia de Juan Barros como obispo de esa ciudad.
En un texto enviado por la comunidad laica a los prelados, valoraron “que casi toda la directiva del Comité Permanente del Episcopado, no asistiera al solemne acto de toma de posesión de la Diócesis en la Catedral por parte del Obispo Juan Barros. Esa actitud concreta, teñida de valentía y libertad de conciencia, fue una decisión que comprueba que las ‘gestiones para el nombramiento no se hicieron bien’ en las consultas y posterior designación de don Juan Barros para Osorno”.
Califican además como “insostenible su permanencia en el cargo que se le otorgó desde Roma, al parecer, no conociendo lo suficiente su pasado en otras diócesis y en la Vicaría castrense”.
Los manifestantes acudieron a la cita de la Conferencia Episcopal en Punta de Tralca, donde fueron recibidos por el obispo de Rancagua, Alejandro Goic.
El término del encuentro de los obispos, se emitió una declaración en que la Iglesia realizó un reconocimiento del “creciente malestar en sectores de la sociedad que se ha manifestado en movimientos sociales que buscan promover iniciativas, defender derechos y exigir mayores estándares de calidad cívica a los líderes de todos los ámbitos de la nación”, consigna Reflexión y Liberación.
“Miramos con especial preocupación la atención en la salud pública, las pensiones mínimas de hoy y las de mañana, la precariedad de tantos empleos y la falta del mismo, las delicadas situaciones que viven los hermanos migrantes y los pueblos originarios. Preocupa particularmente la iniciativa de ley que deja en la indefensión jurídica a la persona humana en el período prenatal, sin hacerse cargo de las mujeres que pueden estar viviendo situaciones dolorosas y dramáticas”, plantea el texto.
