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Complejo escenario enfrenta general (r) Lizárraga por supuesto pago de soborno a coreano

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La Fiscalía Oriente espera obtener condenas por delitos de soborno a funcionario público extranjero y soborno doméstico contra el general en retiro, Víctor Lizárraga, en el juicio oral por la arista Famae del caso Fragatas.

El Ministerio Público busca acreditar que el imputado -por medio de la empresa Serlog- realizó pagos a un funcionario de la embajada Coreana en Chile para concretar negocios de compra de insumos bélicos para el Ejército por seis millones de dólares.

La defensa asegura que Lizárraga no era dueño de la empresa Serlog, sino que simplemente le prestaba servicios a través del cargo de director de proyecto, sin la posibilidad de tomar decisiones, ni menos generar pagos.

La causa contra Lizárraga es es la única que llegó a la instancia de juicio oral en el marco del caso Fragatas que comenzó con una indagatoria contra el periodista y empresario Guillermo Ibieta que según el Ministerio Público se coludió con altos oficiales de la Armada, Juan Tapia y Patricio Basili, para obtener información interna que les permitiera convertirse en mediadores para la compra de armas y provisiones.

La operación más importante se relacionó con la adquisición de dos fragatas provenientes de Holanda por un total de 350 millones de dólares dejando un total para Ibieta de 400 mil dólares. Sin embargo la muerte del periodista generó el sobreseimiento de la causa en su contra.

Mientras que el resto de los imputados fueron condenados por medio de procedimientos abreviados y salidas alternativas, incluidas las hijas de Ibieta acusadas de lavado de activos.

La arista contra Lizárraga es la única que llegó a juicio oral, donde el Ministerio Público busca acreditar que se pagó -como soborno a funcionario público extranjero- cerca de 30 millones de pesos a Jong Pak Lee, asesor del agregado del ministerio de Defensa de la embajada de Corea y encargado de promover proyectos de las Fuerzas Armadas de Chile con su país, quien además está citado a declarar en los próximos días ante el tribunal.

El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo junto a su equipo, sostienen que con la intervención del sobornado, Jong Pak Lee, se concretó una negociación con la empresa Hanwha por cerca de 3 millones de dólares en material para el Ejército, dejando una comisión para Serlog de un 5%, cerca de 160 mil dólares.

Se acusa además el soborno del Jefe de Proyecto Coñaripe-Quiñe, de la dirección de Gestión y Desarrollo del Ejército, DIGDE, el oficial del ejército en retiro, Alejandro Romero, para que informara a Serlog y entregara su asesoría.

Se considera por parte de la Fiscalía que las acciones dolosas desplegadas por los imputados permitieron firmar dos contratos, por seis millones de dólares. Uno con la empresa Hawha y el segundo con Pearson Engineering LTDA, tal como lo explicó el fiscal Carlos Gajardo.

Por su parte la defensa de Lizárraga, encabezada por el abogado Patricio Vergara, sostiene que no existió la comisión del delito de soborno por parte de su representado ya que él sólo prestaba servicios para la empresa Serlog, que las decisiones eran tomadas por su dueño, el fallecido Guillermo Ibieta.

El defensor asegura que si bien Lizárraga reconoce firmar cheques no tenía conocimiento que su destino era el pago de sobornos, que finalmente fueron cancelados a la esposa de Jong Pak Lee, por servicios no prestados.

Además el jurista cuestionó la calidad de funcionario público de Lee y la influencia que podía tener en las negociaciones que habrían favorecido la empresa de Ibieta, en la que Lizárraga, señala, sólo era un empleado.

Para este miércoles se espera que la Fiscalía presente como testigo en estrado al oficial del Ejército, en retiro, Pedro Olid Martínez, como ex director de la dirección de Gestión y Desarrollo del Ejército.

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