El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó a la querella criminal por delito reiterado de fraude al Fisco en contra de consejero regional UDI Manuel Millones y María Eugenia Aranda, profesional cercana al senador Francisco Chahuán, por un perjuicio fiscal en la Seremi de salud de Valparaíso que superaría los 88 millones de pesos.
La información fue dada a conocer por el querellante del caso, Yuri Arancibia, quien fue notificado este sábado por el Tribunal de Garantía de Valparaíso de la concurrencia del Consejo de Defensa del Estado con la acción judicial, que se suma a la interpuesta por su persona.
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Al respecto, Arancibia informó que este martes acudirán ante este organismo, para entregar los antecedentes con los que cuentan en el caso, donde pudieron constatar que será la quinta acción que se interpone en el marco de este caso.
El querellante anunció que esta acción guarda relación a lo denunciado por él, donde acusa se habrían utilizado boletas ideológicamente falsas en servicios de asesorías que nunca se prestaron con una defraudación que cree terminará en formalización de los responsables.
La acción del CDE va dirigida “contra de todos quienes resulten responsables, por la comisión en calidad de autor, cómplice y/o encubridor, del delito reiterado de fraude al Fisco previsto en el artículo 239 del Código Penal, sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar en el curso de la investigación, como el de malversación de caudales públicos u otros”.
El texto detalla que APG Limitada, atendida su calidad de prestadora de servicios de apoyo profesional “que poseía el monopolio de facto de las contrataciones del personal de aseo, seguridad, administrativo, servicios profesionales y técnicos; entre otras prestaciones de apoyo a las tareas propias de la Secretaría Regional Ministerial de Salud”, y contrató a Millones y Aranda para realizar servicios de asesorías con honorarios de 1.300.000 pesos mensuales.
El CDE denuncia que las asesorías “nunca fueron realizadas ni hubo voluntad de ejecutarlas, situación que se mantuvo en el tiempo no obstante que se sabía que tales asesorías no se estaban prestando, por lo que es posible afirmar que dichas contrataciones se gestaron con el objeto de defraudar el patrimonio público. Los hechos descritos ocasionaron un perjuicio fiscal de $88.400.000″, detalla la querella.
Arancibia anticipó, pese a que no puede entregar detalles de la abultada carpeta investigativa, que se citará a declarar a la actual seremi de Salud María Graciela Astudillo (PC), ya que pese a que los hechos más graves no ocurrieron durante su administración, APG figuró por mucho tiempo a nombre del secretario del partido comunista y se debe descartar la existencia de vinculaciones.
En cuanto a quienes ya han prestado declaración, informó, han concurrido el secretario partido comunista, Roberto Rojas Puga y ex seremi de salud Jaime Jamett, quien estaba a la cabeza del servicio cuando se habría cometido la defraudación.
