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Abogado sobre Caso Cascadas: “Las operaciones iban en menoscabo de los accionistas minoritarios”

Minera Soquimich | Ariel Marinkovic | Agencia UNO
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La Corte de Apelaciones de Santiago exigió a la Superintendencia de Valores y Seguros un informe que detalle las razones tras la negación de la Fiscalía de investigar a Julio Ponce Lerou, controlador de la Minera Soquimich, además de estudiar el caso de otros tres ejecutivos. Igualmente se indicó que la respuesta no demore más de 48 horas en llegar. Esto luego de que la SVS le negara al Ministerio Público el acceso al expediente de la investigación, explicando que la decisión busca mantener la reserva de ésta.

Sobre los argumentos para negarle a la Fiscalía la investigación en contra del principal controlador de Soquimich, y de los ejecutivos, cabe consignar que las indagaciones son por una seguidilla de supuestas infracciones a la ley 18.046 de Sociedades Anónimas y del Mercado de Valores, por una serie de operaciones entre los años 2009 y 2011, sucedida entre las llamadas sociedades “cascada” de Ponce Lerou.

Mauricio Daza explica que lo que se conoce como “sociedades cascada” son en principio sociedades que tienen el patrimonio relacionado, esto es “La sociedad número 1 es dueña de la sociedad número 2 y la 2 de la 3; y la 3 de la 4 y así sucesivamente”.

La controversia nace a partir de ciertas operaciones que se hacen en este tipo de sociedades principalmente.

“Lo que ocurría era que una empresa de Ponce Lerou vendía un paquete de acciones a un palo blanco, esas acciones se fijaban a un precio que era inferior al de mercado, ese palo blanco a su vez revendía a otra empresa del mismo Ponce Lerou las mismas acciones, pero en esta oportunidad a un precio artificialmente alto, todo esto realizado en la bolsa de comercio en términos tales de impedir que cualquier otra persona pudiese intervenir en estas ventas cruzadas, para lo cual se necesita de un corredor de bolsa coludido con estas personas”, apuntó Daza.

Finalmente las acciones se manejaban de manera ficticia a través de estas “triangulaciones”, donde el precio de las acciones era determinado por sus propios dueños y a partir de eso obtenían crédito que de otra forma no podrían haber obtenido, y además de poder justificar la repartición de utilidades, que en otro contexto no habrían tenido explicación.

Cabe señalar que según el abogado, todo lo anterior no iba sino en menoscabo y perjuicio de los accionistas minoritarios, que en resumidas cuentas somos todos, pues en medio de todo esto está el sistema de las AFP, que en este caso actuarían como socias de Ponce Lerou en este tipo de empresas.

Escucha a continuación la entrevista completa realizada a Mauricio Daza realizada por Julio César Rodríguez en Podría Ser Peor:

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