Un militar estadounidense reconoció este miércoles sentirse bajo presión cuando se le ordenó investigar la correspondencia de los cinco prisioneros de Guantánamo acusados de conspirar en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En el tercer día de audiencias preliminares en la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo (sureste de Cuba), el teniente Alexander Homme testificó por videoconferencia sobre el manejo de las comunicaciones de los detenidos denominados de “alto nivel”.

Los abogados de la defensa ya han denunciado que los privilegios cliente-abogado han sido violados durante el juicio, en referencia al uso de micrófonos por parte del gobierno para escuchar ilegalmente las conversaciones con los sospechosos.

En la audiencia de este miércoles se escuchó que en 2012 Homme escribió un artículo en el que constataba que trabajar en Guantánamo implicaba una “inmensa presión” por parte de los abogados y las autoridades militares, así como también consideraciones políticas.

Cheryl Bormann, una defensora del sospechoso yemení Walid bin Attash, interrogó a Homme sobre documentos legales que sustentan el caso de su cliente a los cuales ella no tiene acceso, y sobre las instrucciones que recibió el oficial en relación al control de la correspondencia.

“Había presión”, declaró Homme, quien ya no trabaja en Guantánamo. “Nunca leí el contenido de lo que controlaba. Recuerdo haber rechazado una gran cantidad de documentos”, agregó.

“Cualquier cosa que no fuera producida por la defensa sería puesto en la pila de cosas a rechazar”, afirmó.

Al ser presionado por Bormann, Homme reconoció que la presión vino del Departamento de Estado, el FBI y otras agencias del gobierno.

Dijo que no recuerda haber tratado “directamente con representantes de agencias de inteligencias” excepto de J2, el servicio de inteligencia de las Fuerzas Conjuntas de Guantánamo.

La audiencia de este miércoles -que fue boicoteada por los cinco sospechosos- está siendo retransmitida desde la base militar de Fort Meade (Maryland), cerca de la capital estadounidense.

En caso de ser hallados culpables, los cinco acusados enfrentarían penas de muerte por el asesinato de cerca de 3.000 personas el 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono, y por haber estrellado un avión de pasajeros en Pensilvania.