Gran Bretaña respondió este jueves a una carta abierta publicada en la prensa británica, en la que la presidenta de Argentina Cristina Fernández solicita al primer ministro David Cameron la devolución de las disputadas islas Malvinas.
El gobierno británico, que siempre se ha negado a dialogar sobre las islas que controla desde 1833 aduciendo el derecho de autodeterminación de los isleños, afirmó en su respuesta a la carta de la presidenta argentina que los habitantes de las Malvinas –denominadas oficialmente Falklands–, “son británicos y eligieron serlo”.
“Siguen siendo libres de elegir su propio futuro, político y económico, y tienen derecho a la autodeterminación consagrado en en la Carta de Naciones Unidas”, agregó un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores.
“Hay tres partes en este debate, no sólo dos como pretende Argentina. Los isleños no pueden ser sólo borrados de la historia”, agregó. “Por tanto, no puede haber negociaciones sobre la soberanía de las Falklands al menos o hasta que los isleños así lo deseen”, agregó.
Los alrededor de 3.000 habitantes de las Malvinas, en su mayoría británicos, serán convocados a las urnas en marzo próximo para pronunciarse mediante referéndum sobre si quieren continuar siendo territorio de ultramar británico o cambiar de estatus.
Argentina considera ilegítimo este referéndum porque considera a los malvinenses “población implantada”.
El gobierno de Buenos Aires reclama sistemáticamente la soberanía sobre las Malvinas cada 3 de enero, día en que se cumple el aniversario del desembarco de las tropas británicas en el archipiélago que ya fue objeto de una corta pero sangrienta guerra entre los dos países en 1982.
Coincidiendo con el 30º aniversario del conflicto, 2012 estuvo marcado por una escalada verbal entre Argentina y el Reino Unido, y denuncias argentinas sobre una “militarización” británica de la zona y la exploración de posibles recursos petroleros en esa región.
En su reciente mensaje navideño a las islas, Cameron acusó a Argentina de negar a los malvinenses “su derecho a la democracia y a la autodeterminación”, y de “tratar de aislarlos, bloquear su comercio y socavar sus industrias pesquera, de hidrocarburos y turística legítimas”.
