Con doce integrantes se realizó este martes el Pleno Extraordinario de la Corte Suprema para analizar y emitir un pronunciamiento por las duras críticas de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, contra el fallo que paralizó la Central termoeléctrica Castilla en la Región de Atacama.
Cabe recordar que la ministra Benítez en una entrevista a El Mercurio señaló que el fallo de la Sala Constitucional incurría en errores y “generaba incertidumbre” sobre la institucionalidad ambiental, ya que cuestionó los procedimientos de aprobación de las evaluaciones del proyecto, tanto en la Central como en el Puerto que se construirían por un monto de 6 mil millones de dólares por parte del consorcio brasileño MPX, de propiedad del empresario Eike Baptista.
Al respecto, la Corte Suprema evidenció su molestia con los polémicos dichos de la secretaria de Estado, a través de una declaración leída por el vocero del máximo tribunal del país, Hugo Dolmestch.
Según señala el texto, el tenor de las declaraciones de Benítez “constituyen derechamente una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la Constitución entrega a los Tribunales de Justicia”, agregando que los dichos desconocen la juridicción y competencia para revisar la legalidad de la autoridad ambiental.
“Se trata no de cuestiones meramente técnicas, sino de conflictos en donde las personas reclaman protección en los tribunales que forman parte del Poder judicial que jamás negarán”, sostiene el documento, en un claro desmentido a lo señalado por Benítez respecto a que “sustituir al organismo técnico no corresponde, porque la institucionalidad queda en entredicho”.
“El Pleno de la Corte Suprema manifiesta su total, absoluto y decidido rechazo a las declaraciones de la señora ministra del Medio Ambiente, que han sobrepasado la sola crítica y constituyen afectación de la independencia y autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, las que se hallan constitucionalmente garantizadas y que se erigen como condiciones indispensables para el mantenimiento de la estabilidad democrática y el Estado de Derecho”, señala la declaración.
Los ministros que asistieron a esta instancia fueron el presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, y los ministros Milton Juica, Nibaldo Segura, Hugo Dolmestch, Juan Araya, Gabriela Pérez, Haroldo Brito, Rosa María Maggi, María Eugenia Sandoval y los ministros suplentes Carlos Cerda, Alferdo Pfeiffer, y Linora Cameratti
Los ministros Sergio Muñoz, Carlos Kunsemuller, Rosa Egnem, Roberto Silva Gundelach y el ministro suplente Juan Escobar se inhabilitaron por haber sido ellos los cuestionados por el Gobierno al acoger los recursos de protección a favor de la comunidad y pescadores de El Totoral.
En una posición minoritaria, dos ministros, Gabriela Pérez y Alfredo Pfeiffer señalaron que “se previene que no comparten los acápites segundo y siguientes del fundamento Tercero del presente acuerdo, estimando en cambio que las expresiones vertidas por la señora ministra del Medio Ambiente sólo constituyen una crítica inadecuada al fallo en referencia”, dicen los disidentes al voto mayoritario del duro acuerdo del máximo tribunal del país.
